Las escenas de violencia protagonizadas en los últimos meses por taxistas en varios puntos de España en medio de batallas contra una supuesta competencia legal o ilegal dañan la imagen de nuestro país como uno de los principales destinos turísticos del mundo.
En Balears los alborotos no han alcanzado la gravedad de otros incidentes ocurridos en Cataluña o Andalucía, por ejemplo, pero se han visto conatos de agresión. También hace unos días se produjo en el aeropuerto de Palma una huelga ilegal de taxis que dejó sin medio de transporte a miles de turistas y residentes.
En una democracia las protestas son legítimas, siempre que sean pacíficas y no se causen daños a los bienes o a las personas. El colectivo de taxistas alega que está defendiendo el pan de sus hijos, pero de la imagen y calidad de los servicios públicos viven también muchos otros sectores sociales.
También las huelgas salvajes sin servicio mínimo alguno en el transporte público causan muchos daños colaterales en las personas que no tienen otro medio para desplazarse.
Afortunadamente el Govern ya tenía en la recámara una nueva normativa para regular las distintas ofertas que existen a la hora de transportar turistas desde los aeropuertos a sus hoteles o viviendas de alquiler.
Este decreto, según reconocen dirigentes de las patronales del taxi, ha frenado el incipiente intrusismo. No obstante, los afectados reclaman vigilancia por parte de la Administración para evitar que conductores no autorizados carguen viajeros en las terminales.
Así, a la caza de transportistas piratas, se van a movilizar policías locales, nacionales, guardias civiles e inspectores del Govern: un ejército de cascos azules para poner paz en el sector.
A buen seguro que esta no será la última guerra de los taxistas contra otras ofertas nacidas al albur de la revolución de internet y que gustan a los consumidores por ser más baratas y más ágiles de contratar.
