La Asociación de Transportistas de Balears (ATB) ha exigido la suspensión cautelar del nuevo decreto del Govern que regula esta actividad por considerar que vulnera de forma flagrante la legislación nacional y europea, al prohibir al transporte discrecional la contratación de sus servicios en el aeropuerto. Según los representantes de esta organización, este veto está suponiendo a estas empresas unas perdidas de 500 a 600 euros diarios por vehículo, pero además está provocando que se formen grandes colas de turistas junto a la parada de taxis en Son Sant Joan, al no ser suficiente el número de vehículos para atender la demanda existente.
El portavoz de la citada asociación, Bartolomé Sabater, asegura que se van a tomar todas las iniciativas legales para dar marcha atrás al citado decreto, pero lamentó que muchas empresas del discrecional se están viendo obligadas ya a despedir a conductores por falta de trabajo.
Sabater acusa al conseller de Movilidad, Marc Pons, de haber aplicado un cambio en la normativa con una urgencia excepcional (el decreto se aprobó el pasado viernes y se publico en el BOIB el sábado) sin haber mantenido el menor contacto previo con las empresas afectadas y actuando solo a las órdenes de los taxistas.
Además, rechazó el calificativo de ´piratas´ que se les asigna, dado que se trata de transportistas que cuentan con todas las autorizaciones necesarias para el desarrollo de su trabajo.
