El portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, Juan Manuel Lafuente, afirmó ayer que la reclamación del llamado Nivel 33, el conocido como plus político que cobraban algunos funcionarios por haber sido altos cargos, es "una cuestión particular" de quienes interpusieron demandas contra la decisión del Govern del Pacto de suprimirlo.
Lafuente efectuó estas declaraciones tras las dos primeras sentencias que avalan la actuación del Govern al acabar con este plus en los Presupuestos de 2016. La exdirectora de la Abogacía del Govern y actual diputada del PP, Antònia Perelló, y otros trece exaltos cargos del PP, presentaron demandas contra esta decisión para volver a cobrar el Nivel 33, que podía suponer unos 500 euros al mes. Lafuente, sin embargo, sostuvo que había "varios afectados de distintos partidos y legislaturas que reclamaron" y mostró su respeto tanto a la sentencia como "a las personas que han ejercido la defensa de sus intereses como trabajadores".
Más entusiasmo mostraron PSIB, Més, Podemos y Ciudadanos, que coincidieron en su satisfacción por la decisión judicial ya que reafirma la "reducción de privilegios" y, en palabras de la socialista Bel Oliver, "confirma que el Govern actúa en base a la ley y al derecho". Para Laura Camargo, de Podemos, las sentencias son una "muy buena noticia", una opinión compartida por Xavier Pericay, de Ciudadanos, para quien "todo lo que sea eliminar privilegios es bueno y necesario".
En el mismo sentido se expresó el portavoz de Més, David Abril, quien, no obstante, recordó que la sentencia se refiere a la supresión del pago en los presupuestos, pero sigue recurrida la modificación de la Ley de la Función Pública para la eliminación de esta figura. Por ello, emplazó al presidente del PP balear, Biel Company, a aclarar "qué piensa de que haya miembros de su partido que reclaman mantener este privilegio" ya que "siempre dice que es importante que la gente no se aproveche de la política y que él mismo pierde dinero".
