La presidenta del Govern, Francina Armengol, pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que hoy se pase por el Consolat de Mar para mantener una reunión urgente sobre el 75% del descuento de residentes en los vuelos interislas. El Govern aprobó ayer enviar una petición institucional al Gobierno central exigiendo que si se aplica el 75% de descuento en los vuelos interislas en Canarias también se aplique en las islas.
La consellera de Presidencia y portavoz, Pilar Costa, avanzó ayer que el Govern "no consentirá y llegará hasta donde haga falta" para conseguir el mismo descuento que los canarios. También explicó que se ha remitido un petición de reunión urgente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que hoy viaja a Palma para clausurar el congreso del PP de Mallorca que se celebra en Inca. Sin embargo, desde el palacio de la Moncloa les han comunicado que Rajoy viene a Mallorca con el "tiempo justo" y le será imposible pasarse por el Consolat de Mar para hablar con Armengol.
Pilar Costa también recordó que la presidenta Francina Armengol lleva seis meses esperado reunirse con Mariano Rajoy para tratar este tema de los vuelos interislas y todavía no les ha dado cita. De igual modo, hace unos días ella misma se lo dijo a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
El coste del 75% son 18 millones
Por su parte, el conseller Marc Pons aseguró ayer que llevan muchos meses trabajando conjuntamente con el Gobierno Canario e incluso se han reunido con el Ministerio de Fomento los consellers de ambas comunidades.
Pons relató que el coste de aplicar el 75% en el descuento en Balears supone una inversión de 18 millones, tanto en vuelos como en transporte marítimo, por parte del Estado. Recordó que solo en vuelos Canarias recibirá 40 millones.
El conseller Pons añadió que ellos son partidarios de la tarifa plana de 30 euros para los vuelos. Sin embargo ven factible el 75% de descuento como se les ha concedido a los canarios
Por otra parte, el Govern ha iniciado la contratación del proyecto de demolición de parte de Son Dureta, derribo que deberá autorizar la Tesorería General de la Seguridad Social.
