Varios testigos, antiguos propietarios de sendos hoteles en Mallorca y Gran Canaria, implicaron ayer en la compra de esos establecimientos a los seis hijos varones del fallecido empresario José María Ruiz Mateos, que están siendo juzgados en la Audiencia de Palma por una presunta estafa agravada. La defensa de los acusados hizo hincapié en su interrogatorio a estos perjudicados en que en 2010, cuando la familia Ruiz Mateos dejó de abonar los pagarés por la compra del Beverly Playa de Peguera y el Beverly Parck de Maspalomas España estafa sumida en una profunda crisis. Los acusados se han defendido atribuyendo a su padre toda la responsabilidad de la operación y
Los dos hoteles pertenecían a las sociedades Estancia Hotelera S.A. y Maspalomas Hoteles S.A., que tenían varios accionistas, entre ellos la familia Radó, parte querellante y otros pequeños partícipes, incluidos al menos dos ingleses. La venta se hizo a finales de diciembre del 2008 y algunos de los propietarios delegaron en Andreu Homar y Mateu Bosch, dos consejeros de las empresas para materializar y negociar la operación.
Según los testigos, se aceptó la oferta de Nueva Rumasa porque era una empresa en expansión y con aparente buena solvencia. Los antiguos accionistas explicaron que Nueva Rumasa pertenecía a la familia Ruiz Mateos, incluido el padre y los seis hijos varones. Dos de los acusados firmaron en la notaría de Palma las escrituras de compraventa y uno de ellos, Álvaro, se reunió con los vendedores cuando los pagarés fueron papel mojado para explicarles la solvencia de Nueva Rumasa y su voluntad de seguir pagando. Meras palabras.
Los testigos señalaron que los Ruiz Mateos (padre e hijos) avalaron con su patrimonio el abono de los pagarés y también dieron como garantías la solvencia de empresas emblemáticas de la familia como Dhul, Carcesa y Clesa.
"Vendían públicamente que se estaban recuperando (Nueva Rumasa); le habían dado el premio al empresario del año y habían comprado El Caserío. Me pareció suficiente para vender a Nueva Rumasa", explicó una testigo, que acababa de heredar las acciones de su difunto padre.
El defensor de los acusados, Juan Manuel García-Gallardo, preguntó a todos los antiguos propietarios si en España había una gran crisis en 2010, un hecho obvio por otra parte. Con esa pregunta el abogado trata de remachar la versión de los acusados respecto a que "si no se pagó (el precio aplazado de los hoteles) fue porque no se pudo, no porque nuestro padre no quisiera cumplir con sus obligaciones".
Ventajas tributarias
García-Margalló también trató de convencer al tribunal de que los vendedores aceptaron cobrar a plazos porque les beneficiaba fiscalmente al repartir en varios años el incremento patrimonial, algo no corroborado por los testigos.
La fiscalía reclama 7 años de cárcel para cada hermano por estafa e insolvencia punible. Su padre figuró como acusado.
