Canarias se apunta un magnífico triunfo en la negociación de los presupuestos del Estado que beneficia a todos sus ciudadanos, a sus empresas y redunda en la riqueza de la comunidad. Y Balears queda de nuevo en evidencia, sin inversiones que compensen su insularidad, su deficiente financiación y su olvido ultraperiférico. Podríamos pedir que hoy mismo se destituyera a todos nuestros diputados y senadores, ya que ni siquiera retornan a las islas lo que se embolsan en sus generosas nóminas, pero la situación no mejoraría.
Este agravio en forma de bonificación aérea para residentes es el último episodio. El problema estructural va mucho más allá. Y es de consecuencias impredecibles. Tiene su origen en la deficiente financiación de las comunidades autónomas, años y años postergada por los sucesivos gobiernos de PP y PSOE. Ni González, ni Aznar, ni Zapatero ni mucho menos ahora Rajoy supieron ver en sus sucesivos mandatos la semilla que estaban sembrando en Balears, Cataluña y Valencia. Los agravios financieros empezaron por minar tímidamente el bello concepto de solidaridad territorial de los primeros años de la democracia y hoy, después de la gran recesión, amenazan incluso con la desmembración del Estado. El proceso catalán tiene causas muy diversas, pero no ha surgido de la nada, como tampoco lo han hecho las distintas alianzas de PSOE, nacionalistas y Podemos que han cambiado la hegemonía política en Balears y Valencia. A fuerza de repetir los agravios, injusticias que incluso reconocen los representantes autonómicos de PP y PSOE, el Estado se ha convertido en el problema que absorbe la riqueza de los territorios que más aportan para después abandonarlos en la indigencia: con hospitales sin médicos, escuelas sin profesores, estudiantes sin becas y dependientes que no tienen donde caerse muertos.
