Xavier Busquets, catedrático de la UIB e investigado por una presunta estafa agravada en el caso Minerval, ha pedido al juez Enrique Morell que archive el sumario para él. Busquets se ha desmarcado del otro principal imputado en la causa, el también catedrático de la misma universidad Pablo Escribá, y ha alegado que él no vendió el fármaco en fase de ensayo Minerval ni tiene relación con la fundación Marathon, también salpicada por la presunta estafa.
Busquets, defendido por el letrado Andreu Rotger, no ha querido esperar a que culminen las pesquisas judiciales del caso Minerval para reclamar al instructor que le exculpe.
Busquets, Escribá, la esposa de éste, Juana Alemany, y dos colaboradores del segundo están imputados en la causa, acusados de estafar a unas 20 personas vendiéndoles el Minerval como si fuera un fármaco que curaba el cáncer.
No se sienten perjudicados
Por ahora, han prestado declaración ante el juez Enrique Morell y la fiscal Concha Ariño los cinco imputados, así como una docena aproximada de testigos. Estas últimas personas que han comparecido ante el juez son científicos, expertos, investigadores o catedráticos de la UIB y familiares de enfermos que compraron el Minerval.
Al menos cuatro de estos declarantes han explicado al juez que contactaron con Escribá para hacerse con el Minerval, pero han negado que el principal acusado les prometiese que ese fármaco en fase de ensayo curaba los tumores de sus familiares.
Los familiares han añadido que no se sienten engañados por estos hechos y que los enfermos estaban ya desahuciados y el Minerval fue un último cartucho por si funcionaba. Busquets afirma en su recurso que nadie de los declarantes le ha vinculado con la venta del producto ni con la fundación Marathon.
Algunos de los compradores del fármaco descubierto por Busquets y Escribá han explicado que éste les pidió que pagaran el Minerval mediante donativos a la fundación Marathon para fomentar investigaciones en biomedicina. Busquets también argumenta que él no ha tenido relación con Marathon.
El papel de la UIB
Los otros cuatro encausados están representados por el letrado Santiago Fiol. En la causa también están personados como posibles responsables civiles Lipopharma, la empresa biofarmacéutica propietaria de los derechos de desarrollo y explotación de las patentes del Minerval y vinculada a Pablo Escribá, y la UIB, representada por Gabriel Garcías y que aspira a ser acusación particular, pero el juez no le deja.
Fuentes jurídicas próximas al caso señalaron ayer, que será la Audiencia quien decida qué papel procesal ocupa la UIB.
Gabriel Garcías recurrió la decisión del magistrado Enrique Morell, que se ha ratificado en su tesis de que la UIB debe ser posible responsable civil de los acusados.
Escribá y Busquets han sido suspendidos en la docencia por la institución académica que, según Lipopharma, es propietaria de la patente del Minerval. La empresa asegura que se dedica "a investigar las posibles aplicaciones en el ámbito de la salud humana de diversas invenciones realizadas por científicos de la UIB, que se encuentran protegidos por cuatro familias de patentes propiedad de la Universitat y sobre las que Lipopharma dispone de los derechos de explotación exclusivos".
Las defensas de Lipopharma y de Escribá han pedido al juez que declaren otros testigos, pero el instructor no autorizará esas diligencias hasta que los solicitantes no justifiquen su utilidad con los hechos objeto de la investigación.
Acabar pronto
La intención del magistrado es acabar la instrucción de este caso en unas pocas semanas. Después deberá pronunciarse sobre si los hechos tienen que ser sometidos a juicio o si el sumario es archivado por falta de indicios de la supuesta estafa.
Antes de decidir sobre el caso tendrán que practicarse varias pruebas que no se hacen en Mallorca.
Una es el interrogatorio a enfermos o familiares de pacientes que compraron el Minerval y que residen en la Península. Estos testigos serán interrogados mediante exhortos remitidos a los juzgados más próximos a sus domicilios.
Morell también ha pedido, a instancias de la fiscal Ariño, sendos informes a dos agencias del ministerio de Sanidad sobre las condiciones de venta del Minerval como complemento alimenticio y sus resultados como futuro medicamento.
La fiscal Concha Ariño ha solicitado al juzgado de instrucción número 9 que pida información a dos agencias dependientes del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acerca del ácido 2-hidroxioleico, molécula que forma el Minerval, dentro del caso que investiga la presunta estafa.
Las dos agencias emplazadas para los informes son la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y la Agencia Española del Medicamento.
