Cuando alguien encarga que le construyan un chalé para vivir en él, se ve obligado a afrontar un apreciable mordisco en su cartera a la hora de hacer frente al IVA. Pero si dice que es un promotor y que lo tiene en venta, se ahorra ese impuesto. Así que algunos optan por asegurar que su lujoso unifamiliar es un producto para vender, pero que no encuentra comprador. La cantinela podría resultar creíble en 2010, en plena crisis inmobiliaria, pero a estas alturas decir que un chalé en las islas no encuentra comprador, no cuela.

Así que la Agencia Tributaria da de plazo un año, y a partir de ahí, comienza a actuar. Por ejemplo, se controla si en esa vivienda se produce consumo eléctrico o de agua, algo extraño en un inmueble que se supone que no tiene ocupantes. Y como último paso se procede a entrar en la vivienda para registrarla. Y encontrar pijamas en los cajones o grasa en la barbacoa son indicios claros de que la casa está siendo más usada de lo que su propietario pretende reconocer. Estos ejemplos son expuestos por fuentes de la Agencia Tributaria para explicar actuaciones que se realizan en las islas para detectar fraudes en materia de IVA.

Pero hay más situaciones que reflejan el trabajo de este personal. Por ejemplo, son numerosos los casos en los que el personal de inspección, con apoyo de las Unidades de Auditoría Informática, entra en establecimientos comerciales para revisar las cajas en busca de sofware de ocultación. Lo que se persigue son programas informáticos que de forma automática ocultan un porcentaje determinado de las ventas para que no sean detectadas por el fisco y se puedan aumentar los beneficios 'en negro'.

El uso de este tipo de programas se ha vigilado también en los establecimientos de ocio nocturno, dentro de la operación nacional denominada Chopin, con un peso especialmente destacado en el caso de Eivissa.

Controles a extranjeros

Las características del archipiélago y el elevado peso que tiene la población extranjera explica que la vigilancia que se aplica en las islas sobre este colectivo sea proporcionalmente la más intensa en relación a otras comunidades autónomas.

Uno de los aspectos sobre los que se ejerce una mayor vigilancia es el de aquellas personas de otras nacionalidades que residen la mayor parte del año en Balears pero que no se empadronan para evitar el tener que declarar en España todos sus ingresos. En estos casos, el análisis de consumos eléctricos en sus residencias isleñas está también al orden del día, pero a ello se puede sumar el control del gasto que realizan con sus tarjetas de crédito para determinar en qué fechas han estado en suelo balear, o muy especialmente si los hijos están matriculados en colegios isleños.

Hay un apartado en el que se detecta una apreciable mejoría, según se subraya. Cada vez son más las personas que optan por declarar a Hacienda los ingresos obtenidos por el alquiler de sus viviendas, incluso aunque sea turístico y no se haya dado de alta ante la Conselleria.

Recientes sanciones como la de 6.000 euros aplicada a una vivienda de protección oficial de sa Gerreria ayudan a impulsar esa concienciación, se reconoce.