Instituciones Penitenciarias está ultimando el traslado del empresario Bartolomé Cursach de la cárcel de Palma a una prisión de la Península, probablemente en Catalunya, una decisión que estaría relacionada con las denuncias de amenazas por parte de testigos protegidos que colaboran con la justicia en el caso, a quienes desde el entorno del magnate se les habría intentado atenazar para que no declaren en su contra.

En estos momentos se están cerrando los detalles respecto al traslado, entre ellos la fecha en la que se producirá. En todo caso, la preparación del operativo se ha puesto en marcha antes incluso de que la Audiencia de Palma se pronuncie sobre el recurso que ha presentado la defensa de Cursach contra el auto del juez Manuel Penalva por el que rechazaba la petición del empresario, que alegaba indefensión, de ser excarcelado.

El último en denunciar amenazas ha sido El Ico, hijo de La Paca, la traficante de drogas de Son Banya, quien afirma que un antiguo portero de una de las discotecas del magnate del ocio nocturno ha estado amenazándolo en prisión con matarle a él y a toda su familia. El Ico es testigo de la investigación y el pasado miércoles declaró ante el juez Penalva y el fiscal Subirán estas amenazas. El joven de Son Banya apunta a un hombre de nacionalidad rumana, llamado Marian, que lleva varias semanas en prisión precisamente por coaccionar a testigos de la trama.

Arresto

El Ico cree que el empresario está convencido de que tiene una agenda con información que podría comprometerle y asegura que personas del entorno de Cursach han asaltado su casa para buscarla. El joven cree que el documento contiene datos de pagos en negro de Cursach a Joaquín ´el Prestamista´.

Cursach, el mayor empresario de la noche de la Bahía de Palma y exmáximo accionista del Real Mallorca, fue arrestado por orden del juez Penalva el pasado 28 de febrero junto a dos de sus lugartenientes, Bartomeu Sbert y Antoni Bergas, antiguo inspector de la Policía Local. La operación policial se desarrolló en el seno de unas pesquisas dentro de la macrocausa contra la corrupción en las Policías Locales de Palma y Calvià y en otros departamentos administrativos de Cort. El 2 de marzo el juez le envió a prisión preventiva e incondicional.

Dos meses después, la defensa de Cursach, que ejerce el abogado Enrique Molina, pidió al juez que levantara el secreto de sumario y que, de no hacerlo, dejara en libertad al empresario, alegando que se siente indefenso porque desconoce las declaraciones de los testigos. El magistrado rechazó la petición y negó que Cursach sufra indefensión, a la vez que recordó a la defensa las amenazas a testigos claves tras el ingreso en prisión del magnate.

Recurso

La defensa presentó un recurso de apelación contra estas decisiones del juez Penalva, alegando entre otros argumentos que la prórroga del secreto constituye una "excepción" no prevista por la Ley y "establecida mediante una creación jurisprudencial", por lo que considera que debe recurrirse a ella "con la mayor cautela" y sólo cuando es "absolutamente imprescindible".

Para la defensa, "si bien es comprensible la cautela" del juez "derivada de la indiscreta trascendencia de extremos de la investigación de los hechos enjuiciados a la prensa", se trata de una situación "ajena a la actuación" de Cursach quien "después de dos meses se ve privado de libertad y con las limitaciones inherentes al secreto de los autos".

Junto a ello, la defensa recuerda la transposición de directivas europeas sobre procesos penales que "obligan a los Estados a entregar a los imputados e investigados en una causa secreta suficiente información pra poder impugnar la prisión provisional o en su caso solicitar la libertad con plenitud de argumentos".