El expediente disciplinario que está instruyendo el Poder Judicial se tramita con independencia de las diligencias penales que se están instruyendo en Palma para determinar si la magistrada ha cometido o no un delito de revelación de secretos.

El Poder Judicial, si se confirma que la jueza ha facilitado datos sobre un proceso en el que ha intervenido como magistrada, podría imponerle una sanción, que iría desde una multa económica a la expulsión de la carrera judicial.

Cabe recordar que el fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, que ayer no acudió a la declaración (asistió otra fiscal) ha pedido el archivo de la querella.

Barceló no aprecia delito en la intervención de la magistrada y valora sobre todo que en sus escritos le indica al remitente que vaya con cuidado con la información que le transmite, porque se trata de datos confidenciales. La acusación particular se opone a la propuesta del fiscal y no quiere que el caso se archive.