El concepto machadiano de las dos españas tiene su traslación de andar por casa en Mallorca. Existe una isla que se cierra y otra que se resiste a abrirse. Una se ve forzada -o al menos lo intenta- a limitar la avalancha de excursionistas, coches y bañistas. La otra se mantiene intacta y preservada para unos pocos privilegiados. En estos espacios acotados no siempre hablamos de millonarios que son propietarios de grandes extensiones de terreno. De hecho, los casos más sangrantes son los de los espacios de titularidad pública vetados a la inmensa mayoría de los ciudadanos.
El debate sobre los límites se ha acentuado en esta primavera que, desde el punto de vista turístico, parece verano. El de los caminos y fincas de titularidad o servidumbre pública cerrados se arrastra desde hace décadas. En los años 80, el Consell de Mallorca elaboró un catálogo de caminos con derecho de paso en la isla. Desde entonces, buena parte de estas rutas han perdido total o parcialmente la libre circulación.
En ocasiones, los ayuntamientos han renunciado a defender los derechos de sus vecinos y han preferido claudicar antes que enfrentarse a propietarios poderosos, a correligionarios políticos o a aquellos con quienes existían lazos familiares.
En algunos casos existen resoluciones judiciales difíciles de ejecutar. Un ejemplo sería el del Camí Vell existente entre Pollença y Lluc. Cada barrera quitada ha supuesto una tramitación más molesta que veinte sesiones de dentista.
Otro ejemplo, también pollencí, es el del acceso a cala Castell y al Castell del Rei a través de Ternelles. Años de pleitos y sentencias del Tribunal Supremo y nadie parece tener meridianamente claro cuál es el resultado final. Si es que existe un final para este culebrón. Parece que acabara de disputarse un partido, una prórroga y, con los contendientes ya exhaustos, el árbitro decidiera que continuara rodando el balón. Los jueces del alto tribunal se muestran tan poco claros que parecen preferir el abandono por agotamiento de uno de los contendientes -y que nadie dude de que será el Ayuntamiento- antes que declarar un vencedor.
En otros casos, como el de es Fangar en Manacor, se alcanzan acuerdos entre los propietarios y los ayuntamientos para trazar nuevas rutas. Probablemente es la mejor fórmula para combinar los derechos de paso ancestrales con nuevos proyectos inversores de fincas que necesitan evolucionar para ser rentables, con la búsqueda de una mayor intimidad o con el control de la propiedad.
Siendo grave e irresuelto el asunto de los caminos, resulta más sangrante el de algunas zonas militares que han perdido cualquier interés para la defensa y se han convertido en paraísos vacacionales para unos pocos. Desde hace años, el Ayuntamiento de Alcúdia y el Ministerio mantienen conversaciones para que Cap Pinar sea accesible a los ciudadanos. Nunca se escucha un no desde Madrid, pero la firma del convenio no llega. La llamada casa del capitán sigue siendo un chalé para privilegiados. Gabriel Cañellas se opuso con firmeza, y venció, al proyecto de Felipe González de levantar una residencia para personalidades internacionales. Quizás no fuera la mejor opción, pero tampoco lo es la actual.
Y no es la única zona militar en una situación parecida.
La historia se repitió durante décadas en los faros abandonados por sus fareros, que se convirtieron en residencias veraniegas gratuitas para altos funcionarios del ministerio de Obras Públicas.
Los Bienes de Interés Cultural no son necesariamente de propiedad pública, pero la ley es clara al establecer un régimen de visitas que se incumple sistemáticamente en buena parte de estos monumentos.
Es cierto que la Mallorca más saturada por la presión turística tiene que bajar la barrera, aunque sea parcialmente, para evitar su absoluta degradación. Pero también existe una parte de la isla que ha sido vetada al disfrute no ya de los millones de turistas, sino de los propios mallorquines. Las autoridades locales y autonómicas también están obligadas abrir este debate.
