Los contratos adjudicados a dedo, señalando al beneficiario que, vaya por dónde, suele ser compañero del alma, amigo fiel o, al menos, correligionario convencido —cuando no es el propio dueño del dedo de la fortuna—, fueron los que llevaron a la cárcel al expresidente Matas. Pero escarmentar en piel ajena es algo que la clase política tanto de derechas como de izquierdas tentada por la avaricia no sabe hacer. Este diario publica hoy un reportaje cuya lectura debería llevar a que a la presidenta Armengol se le cayese la cara de la vergüenza.
Hasta 3.806 contratos menores y 310 mayores pero adjudicados por el sistema del negociado sin publicidad —es decir, a dedo— ha bendecido el Govern que preside la señora Armengol en los 22 meses que lleva en el Consolat de la Mar. Son el 70% de los contratos de obra, suministro y servicio. Usando el argumento falaz del "y tú, más" el actual Govern podría agarrarse al clavo ardiendo del 87% que llegó a encargar por los mismos procedimientos el ex-presidente Bauzá. Sería como decir que asaltar setenta diligencias es menos grave que hacerlo con diecisiete más, así que aún hay hasta diecisiete robos pendientes. Pero los bandidos del lejano oeste que salen en las películas eran unos pobres aficionados si se comparan con el pase mágico que convierte en urgente, excepcional, imprevisto y exclusivo cada encargo cuya adjudicación se fuerza para dárselo a quien a uno le viene en gana.
Desde que se restauró el Estado de Derecho en España ha sido una constante la incapacidad para entender que las administraciones públicas han de seguir estrictos códigos éticos, y que éstos impiden jugar al antojo de la autoridad de turno con las normas legales hasta convertirlas en papel mojado. La información que da hoy el DM sobre los contratos a dedo desmenuza esos vicios que han puesto al exdirector de campaña de Més en la picota.
El engaño está más que generalizado en la administración; cualquiera que haya trabajado en el sector público sabe de sobras que para encargar cualquier producto o servicio no hace falta buscar tres empresas que hagan su oferta. Con elegir una ya se encarga ésta de obtener los dos presupuestos que faltan, en la certeza de que serán de mayor cuantía que el suyo. Pero la extensión de la picaresca no lleva a que haya que absolver a quienes la practican. En especial porque, además de las prácticas fraudulentas, se está estafando a los ciudadanos al no emplear el dinero de sus impuestos de la manera mejor. La comparación que hace el reportaje al que acompaña esta columna entre las adjudicaciones a dedo y bajo un concurso real por parte de los Serveis Ferroviaris de Mallorca deja muy claro hasta dónde llega la diferencia. Pero si este Govern ha sabido ir por esa vía en el camino hacia el ahorro, ¿a santo de qué la Fundació per a l´esport balear adjudica hasta el 97% de sus contratos a dedo? La respuesta es obvia: porque no se controlan lo suficiente los encargos. Porque quienes deberían ser un ejemplo de honradez se saltan las normas sin el menor rubor. Porque ha calado la cultura del engaño tanto que ni siquiera los tribunales han logrado, de momento, meter el miedo en el cuerpo a nuestros gestores de los dineros públicos. Y está visto que el lenguaje del miedo es el único que entienden.
