El Govern balear exigirá a los propietarios de inmuebles que demuestren que sus alquileres son legales y que no están incurriendo en un arrendamiento vacacional ilegal, según explicó ayer la directora general de Turismo, Pilar Carbonell, con ocasión de una comparecencia en el Parlament balear. Este requisito lo introduce el ejecutivo autonómico en su modificación de la Ley de Turismo de 2012, que aprobó el Govern del PP y que ya prohíbe el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, es decir, en edificios. La nueva ley mantendrá vigente esta prohibición.
Carbonell reconoció las dificultades que tiene la administración autonómica para "probar" si un piso está siendo alquilado de manera ilegal, por lo que la modificación de la Ley de Turismo "invertirá" la carga de la prueba, que recaerá en el propietario, que deberá mostrar el contrato de alquiler según establece la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La directora general subrayó también que es "ilegal" que la administración pública, para perseguir el fraude, realice reservas simuladas en las numerosas webs que ofertan viviendas vacacionales ilegales.
El Govern ha abierto entre los años 2012 y 2016 un total de 313 expedientes sancionadores por viviendas vacacionales ilegales en Mallorca y mantiene su intención de que la reforma de la ley turística de Balears prevea multas de entre 20.000 y 40.000 euros.
La directora general detalló que en ese periodo los ciudadanos de Mallorca han presentado a la conselleria de Turismo 1.124 denuncias relacionadas con las viviendas vacacionales ilegales.
Expedientes
Sobre los expedientes sancionadores abiertos, estos se han incrementado en los últimos años: 49 en 2012, 42 en 2013, 50 en 2014, 52 en 2015 y 121 en 2016. La comparecencia fue solicitada por Podemos, cuyo diputado Salvador Aguilera denunció "la burbuja" del alquiler turístico y las "miles de viviendas vacacionales ilegales" que a día de hoy se están comercializando en Balears on line, lo que supone el encarecimiento de los alquileres de viviendas y que muchas familias sean "expulsadas de sus barrios".
Desde el PP, el diputado Álvaro Gijón vaticinó que la modificación de la ley turística no "resolverá absolutamente nada" sobre este problema y que el Govern no ha aumentado "en un solo euro" este año la partida para aumentar el número de inspectores.
Carbonell advirtió que el Govern solo inspecciona las viviendas de Mallorca porque el resto de islas tienen transferida esta competencia. Turismo cuenta con 15 inspectores, aunque a Carbonell le gustaría disponer de más.
