Un conocido empresario hotelero de Palma, Domingo M.S., tendrá que cumplir una condena de cuatro años de cárcel como autor de dos delitos fiscales, según se acuerda en una sentencia dictada por la Audiencia de Palma, que confirma la decisión acordada por un juzgado de lo Penal. El empresario, además del periodo privado de libertad, tendrá que indemnizar a la Agencia Tributaria con 4,5 millones de euros, entre impuestos impagados y las correspondientes multas.

El empresario vendió en el año 2005 dos fincas en las proximidades de la calle Sindicato de Palma. Las vendió a través de su sociedad patrimonial. Por esta doble venta facturó 8.300.000 euros, operación que repercutía en un pago de IVA de 1.328.000 euros. Las fincas las compró una sociedad de Vicenç Grande.

El vendedor, en vez de pagar los impuestos que le correspondían, urdió un plan para rebajar ficticiamente las ganancias que había obtenido en el ejercicio del año 2006. Además de declarar menos ingresos de los que había conseguido, también aseguró que había tenido una serie de gastos que en realidad no se habían producido. Para ello, tuvo que presentar una serie de facturas que eran falsas, en las que se declaraba la realización de una serie de trabajos, facturados a través de las diferentes sociedades que controlaba, que en realidad no se habían producido. Según declara probado el tribunal, llegó a presentar hasta seis facturas falsas. En una de ellas realizó una deducción por una inversión en una investigación, que no desarrolló. Una de las facturas, por valor de 830.000 euros, se emitió por el concepto de asesoramiento por la venta del edificio (que él mismo había realizado), a nombre de una empresa de un presunto testaferro, un individuo de nacionalidad italiana, que no ha sido localizado. No consta que este extranjero hubiera intervenido en la operación de la calle Sindicato.

El acusado, durante el juicio, se acogió a su derecho a guardar silencio. Tanto la fiscalía, como la Abogacía del Estado, se habían opuesto al recurso de la defensa, que había solicitado al tribunal la nulidad de la sentencia y la absolución del empresario.

La Audiencia confirma la ilegalidad de todas las operaciones que fueron denunciadas por Hacienda y destaca la gravedad de la actuación de este empresario al no pagar impuestos.