La historia desvelada por este diario pone de manifiesto el grado al que ha llegado el descontrol con el alquiler de pisos para turistas. Mientras los políticos se pierden en debates sobre cómo se puede regular el fenómeno, con brindis al sol como el de prohibir el alquiler vacacional en todo el centro histórico de Palma, los avispados de siempre van a lo suyo. Primero aprovechándose de sus contactos en cajas de ahorros rescatadas con el dinero de todos para pescar los chollos del mercado, y luego pasando completamente de los requisitos que tienen las viviendas de protección oficial. Aquí el que no corre vuela, y no vamos a dejar de ganar una pasta por una normativa que nadie hace cumplir.
El alquiler vacacional es una realidad, y ya podemos asumir sus consecuencias. A ningún propietario se le va a convencer para que renuncie a ganar tres o cuatro veces más que lo que conseguiría alquilando su piso a los residentes. Prohibirlo iría contra un de los derechos más elementales, el de la propiedad privada. La casa es mía y la alquilo a quien me da la gana, faltaría más. Y si ello contribuye a la gentrificación del centro histórico o impide a los mallorquines conseguir un piso de alquiler a un precio razonable, pues mala suerte.
Pero lo mínimo que se le puede exigir a las Administraciones es que hagan cumplir unas normas básicas. Si la ley dice que no se puede alquilar una casa de protección oficial, construida para permitir el acceso a la gente a una primera vivienda, tiene que haber las suficientes inspecciones para asegurarse de que no se alquilan. Y las sanciones que se impongan a los infractores deben ser lo suficientemente duras para que no les salga a cuenta. Son necesarias pocas leyes, pero es imprescindible que se cumplan.
Y que el Govern no esté en babia mientras esto se convierte en una jungla.
