La Audiencia de Palma ha impuesto una pena de dos años de cárcel a un individuo que ha sido condenado por un delito de estafa.
El acusado, que es un extranjero con residencia ilegal en España, trabajó en una fundación que se dedicaba a elaborar proyectos educativos. De hecho, su función era la de director del departamento de proyectos. Se encargaba de la búsqueda, gestión y presentación de proyectos ante la administración, ofreciendo cursos de docencia y aprendizaje.
El acusado engañó al empresario que le contrató. Le pedía la entregaba de dinero a cuenta, a través de cheques, diciéndole que eran avales ante la administración que presentaba estos proyectos. El condenado presentó planes ante el Ministerio de Industria, la conselleria de Educación, el Instituto de Asuntos Sociales y los ayuntamientos de Alcúdia y Andratx. Ninguna administración exigía estos avales. El dinero, 60.000 euros, se los quedó el acusado, que confesó la estafa.
