Que el asunto de los alquileres turísticos iba a terminar siendo un pozo sin fondo es algo que se sabía desde que comenzaron semejantes prácticas. Es decir, desde que yo era adolescente hace más de medio siglo y El Terreno, el barrio en el que vivía mi familia, se llenaba en el verano de turistas que ocupaban pisos ante la saturación de los hoteles. De la solución de emergencia se pasó a la práctica habitual como negocio subterráneo y paralelo al de la hostelería digamos normal. Ha llovido desde entonces pero ninguna administración, ni la estatal ni la autonómica, han logrado sacar adelante una ley capaz de poner orden en el caos. Con el agravante de que Internet y las agencias virtuales al estilo de Booking han eliminado intermediarios, como las venerables agencias de viaje, que podían suponer un riesgo para las prácticas fraudulentas. La veda se ha levantado.
Ni la ley más eficaz imaginable podrá resolver nunca los problemas que la naturaleza humana genera cuando se mezclan la oportunidad y la codicia. La tentación de ganar dinero fácil es un componente crucial en el negocio de los alquileres turísticos, pero tropieza con dificultades cuando no quedan ya pisos libres. Se trata de sacar más viviendas de la chistera y, así, aparecen conejos mágicos como ése al que este diario dedica hoy un reportaje. Se trata de un animal híbrido entre dos tipos de alquiler muy diferentes: el turístico, más que rentable, y el social, que cuenta con una jugosa oferta aprovechable. Lo demás es ingeniería financiera y falta de escrúpulos.
La historia de los pisos de protección oficial de Sa Gerreria que terminan ofreciéndose para el uso turístico en contra de todas las normas establecidas es de las que pintan muy mal. Lo mismo que buena parte de la espuma que dejó la burbuja inmobiliaria cuando estalló. El esquema sigue pautas bien conocidas: pisos que no se venden, hipotecas que vencen, activos de los llamados tóxicos que quedan en manos de un banco o una caja —Sa Nostra en este caso— y lo que viene luego, cuando las autoridades del país deciden crear un "Banco Malo" (el SAREB) para que se haga cargo de las viviendas imposibles de vender.
Si no puedes vender, alquila. Si no aparecen clientes en busca de un piso de protección oficial, quita la enojosa etiqueta de "vivienda social" y anuncia el piso como de alquiler turístico. El negocio está garantizado. Se trata, claro es, de algo irregular por varias razones pero quizá la más interesante de todas sea que en el entramado que va desde la inmobiliaria en apuros al activo tóxico, el banco malo y la explotación irregular aparecen una vez y otra los mismos personajes. A lo mejor es una casualidad pero también puede ser que se trate de una operación bien jugosa de enriquecimiento en la que la picaresca aparece una y otra vez.
Algunas de las personas que se quedaron en Sa Nostra con los pisos sin vender, que llevaron a cabo la integración de la caja de ahorros en el banco Mare Nostrum, que gestionaron el paso de los activos tóxicos del BMN en el Banco Malo y, por fin, que ofrecen ahora los pisos de protección oficial para el alquiler turístico, coinciden. ¿Sólo eso? Por supuesto que la presunción de inocencia se mantiene también en este asunto. Pero a medida que aparecen matices comprometedores, cada vez queda más bajo sospecha.
