El 'caso Minerval' ha entrado de lleno en la batalla electoral de la UIB. Rafel Crespí, único candidato conocido a disputarle el cargo de rector a Llorenç Huguet, lanzó ayer duras críticas contra su rival por haber "gestionado la crisis pensando más en el próximo proceso electoral universitario, con múltiples reuniones internas, que no en la transparencia y en la responsabilidad".
Crespí, catedrático de Organización de la Empresa, acusó al rector y a su Consejo de Dirección de haber actuado "con pasividad y a destiempo" en el escándalo por la supuesta estafa de dos catedráticos en la comercialización de medicamentos contra el cáncer. Estas palabras, inusitadamente graves en el contexto universitario, aninan la carrera electoral a pocos días de que se presenten oficialmente las candidaturas.
"La denuncia a la Fiscalía la efectuó a título personal la presidenta del Consell Social y, por tanto, no la hizo la Universitat de les Illes Balears", argumentó Crespí en un comunicado enviado a los medios en el que se despachó con una grave acusación contra Huguet: "Durante este mandato recibimos denuncias por escrito y no han demostrado que las hayan investigado".
El de Crespí es el pronunciamiento más duro sobre el caso desde que provocara un terremoto en el campus de la UIB hace dos semanas a raíz de la detención de los dos investigadores de la UIB Pablo Escribá y Xavier Busquets por vender Minerval, un fármaco que supuestamente tenía propiedades curativas contra el cáncer.
Crespí también disparó con bala contra los dos catedráticos imputados: "Sus actuaciones conocidas son éticamente intolerables y moralmente reprobables. Este comportamiento ha perjudicado gravemente el nombre de la Universitat y a toda la comunidad universitaria. Algunos enfermos y sus familias confiaron en nuestra institución. Por esta razón, quiero expresar mi solidaridad con todos los afectados".
Palabras de calibre grueso que contrastan con la moderación con la que Huguet y diversos responsables de la UIB se han pronunciado públicamente. El rector apeló el miércoles "a la presunción de inocencia" y a la "protección de datos" para justificar que la UIB no actuara ante denuncias que consideró no suficientemente contrastadas.
Citados a declarar
El juez Enrique Morell ha citado para el próximo martes día 2 a los dos investigadores a los que se les acusa de una presunta estafa agravada por vender un producto como si fuera un fármaco capaz de curar enfermedades como el cáncer o el Alzheimer. Un delito que conlleva penas de hasta 6 u 8 años de cárcel.
