La Policía ha analizado ya en profundidad los seis expedientes con los contratos a dedo que tres conselleries del Govern y el Ayuntamiento de Palma, bajo la responsabilidad en todos los casos de Més, adjudicaron al que fuera jefe de la campaña electoral del partido nacionalista, Jaume Garau, por un montante de 154.000 euros. Y las primeras conclusiones apuntan a la existencia de indicios de delito, tanto por la fórmula escogida, un negociado sin publicidad que beneficiaba a una persona próxima al partido, como por el contenido del resto de trabajos adjudicados a dedo mediante un contrato menor.

Los documentos fueron solicitados formalmente por la Policía a las citadas administraciones, después de que el fiscal superior, Bartolomé Barceló, ordenara una investigación de oficio, alertado por las noticias publicadas por Diario de Mallorca desobre las contrataciones del que fuera el artífice de la exitosa campaña electoral de Més en las últimas elecciones autonómicas y municipales.

Por norma general, cada vez que se ha descubierto un supuesto caso de corrupción derivado de un contrato público, la Policía ha detenido a las personas que han autorizado estos contratos o se han beneficiado de este dinero. Pero esta decisión no se ha adoptado nunca sin la autorización previa de la fiscalía Anticorrupción. En este caso, según fuentes próximas a la investigación, no se va a actuar de forma distinta a lo que se ha venido haciendo en otros casos anteriores de corrupción, por lo que será el fiscal el que decida finalmente si se practican o no estas detenciones.Investigación en marcha

Los investigadores se han centrado en el estudio de las empresas que eran invitadas para realizar los proyectos, en procedimientos sin concurrencia pública. Y las primeras impresiones que se han alcanzado son que la mayoría de estas empresas estarían controladas por la misma persona, Jaume Garau, quien firmó contratos con las conselleries de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, así como con el Ayuntamiento de Palma.

A pesar de las reiteradas manifestaciones de los políticos de Més de que todos los contratos son legales y que los estudios encargados a Garau estaban justificados por responder a un interés público, en estos momentos la posibilidad de que la Policía cierre la investigación al no apreciar indicios de delitos está prácticamente descartada. Más bien todo lo contrario. La Policía aboga por seguir investigando, ya que en una primera lectura de los expedientes se aprecia que Garau presentaba, para vestir los expedientes, ofertas económicas de varias empresas bajo su control. Esta práctica, según recordaron ayer fuentes cercanas a la investigación, se ha venido repitiendo en muchos de los recientes casos de corrupción en Balears, también por adjudicaciones directas, que se han denunciando en el juzgado y que han terminado con sentencias condenatorias. Otro de los puntos que la Policía también se cuestiona, para afianzar estas sospechas de delito, es el objeto de los contratos, en especial el que adjudicó la conselleria de Cultura para conocer el perfil del público de la Orquestra Simfònica.

Cabe recordar que la Intervención de la Comunidad Autónoma ha concluido que hay "indicios de fraccionamiento indebido en contratos de la conselleria de Cultura". Su entonces titular, Ruth Mateu, dimitió tras estallar el escándalo.