El juez Antoni Rotger ha abierto juicio oral contra el ex dirigente socialista Francesc Triay, expresidente de la Autoritat Portuària de Balears; el empresario Gerardo Díaz Ferrán; el exdirector de Puertos de Balears, Ángel Matías y otros 9 acusados por el llamado caso Puertos o Mar Blau, un presunto entramado de corrupción en torno a tres concesiones en puertos de Maó, Eivissa y Formentera. El magistrado ha señalado para los acusados una fianza de 50 millones de euros para posibles indemnizaciones al Estado.
Cuatro empresas implicadas en el presunto entramado -Trapsa Yates S.L., Teinver S.A., Serveis Maritims Port d'Eivissa S.L. y Marina de Formentera, deberán, así mismo, cubrir fianzas por 55 millones de euros.
El juez imputa a los 12 acusados un rosario de delitos: alteración de subastas y concursos; falsedad documental; fraude a la administración; prevaricación; tráfico de influencias; cohechos; revelación de secretos; infidelidad en la custodia de documentos y malversación.
Las acusaciones particulares reclaman penas de 14 años para Díaz Ferrán y Triay y de 35 años para Ángel Matías. La fiscalía anticorrupción solicita 10 años de privación de libertad para Triay y elevadas penas para el resto de acusados.
Las tres acusaciones particulares -el particular Ramón Orfila Sintes (que denunció los hechos), la Asociación de Usuarios del Puerto de Ibiza y la empresa Formentera Mar S.A.- piden la condena para 11 personas, entre empresarios, ejecutivos de esas sociedades y exaltos cargos o funcionarios de la Autoritat Portuària.
Las acusaciones y la fiscalía también solicitan multas e indemnizaciones millonarias para el Estado. Los hechos se produjeron a partir de 2003, cuando la Autoritat Portuària estaba presidida por el fallecido Joan Verger y se prolongaron hasta 2008. Triay estuvo al frente de la Autoritat Portuària desde 2007.
Entre los acusados también destaca Juan Carlos Rodríguez-Toubes Núñez, almirante de la Armada en la reserva activa y presidente de Trapsa Yates, una antigua empresa de Díaz Ferrán implicada en la presunta trama.
El auto de apertura de juicio oral no se puede recurrir y los hechos serán juzgados por la Audiencia en una vista oral llamada a ser larga y compleja.
El juez recuerda a los acusados que si no depositan la fianza "en el plazo de una audiencia" podrán dictarse embargos sobre su patrimonio.
