El conseller de Educación y Universidad, Martí March, ha pedido hoy "disculpas" en nombre del Govern a "todas las personas que se han sentido engañadas" por los dos catedráticos de la UIB detenidos acusados de estafar a enfermos a quienes vendían un fármaco experimental como cura de algunos tipos de cáncer.
March, que ha sido preguntado por el caso en el pleno del Parlament, ha señalado que la presunta estafa por parte de "determinados investigadores de la UIB" no puede empañar toda la tarea científica que se realiza en la universidad pública balear.
El conseller ha incidido en que "hay una investigación judicial y policial" ante la que corresponde "esperar" antes de tomar medidas, aunque ha prometido que si el proceso concluye en la confirmación de que los dos catedráticos estafaron a enfermos de cáncer y alzheimer y que la dirección de la UIB no actúo ante los indicios de delito, su departamento ejercerá las competencias que le corresponden.
March ha respondido de esta forma a su antecesora en el cargo, la diputada del PP Núria Riera, que ha destacado que, además de la explotación de la esperanza de los enfermos, el caso Minerval ha causado alarma social "porque se ha hecho por parte de miembros de la universidad, que han abusado del nombre de la UIB".
Por ello, ha insistido en reclamar al conseller la adopción de medidas preventivas para evitar que situaciones como esta vuelvan a producirse.
Más crítica con el Govern ha sido la diputada de Ciudadanos Olga Ballester, que ha acusado de inacción a la conselleria de Salud, que conoció la denuncia del presunto fraude que en 2015 hizo la jefa de Oncología del hospital Son Espases, Sefa Terrassa, cuya advertencia también ignoró el rectorado de la UIB y el Colegio de Médicos.
La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado que su departamento, tanto en esta como en la pasada legislatura, ha tomado todas las medidas a su alcance.
En este sentido, ha enumerado una serie de acciones para restringir la publicidad que la empresa Lipopharma hacía del Minerval cuando la efectividad del fármaco no estaba comprobada y el producto no contaba con la acreditación necesaria para venderse.
