Balears ya conoce su techo de crecimiento: 3.076 hectáreas urbanizables, 144.460 nuevas viviendas y 364.505 residentes más en los próximos 34 años. Es decir, un 33% más de población que en la actualidad. Estas son las cifras de trazo grueso que se desprenden de un detallado estudio elaborado por la conselleria de Territorio, Energía y Movilidad que pretendía identificar todo el suelo vacante -el que todavía admite ladrillo- y situarlo en el mapa.

Las cifras impactan. Hay suelo suficiente para satisfacer la demanda de vivienda a largo plazo, pese a que el sector de la construcción habla frecuentemente de escasez. Pero los ecologistas ya han dado la voz de alarma: más población sobre un territorio que ya está al límite "es insostenible".

El estudio se ha realizado en base a una completa colección de imágenes captadas a través de ortofotografía aérea en 2015. Mallorca concentra la mayor parte de suelo urbano o urbanizable: 2.098 hectáreas. Superficie sobre la que podrá levantarse un máximo de 112. 620 viviendas para 284.269 habitantes. Para llegar a esta última cifra la conselleria ha computado una media de 2,52 habitantes por casa.

Presión humana

"Somos conscientes de la presión humana que ya soportan nuestras islas y de la capacidad de nuestras infraestructuras. Tiene que haber un esfuerzo claro para preservar el suelo rústico. No hay que hacer nuevos planteamientos de cambios de calificación. El urbanismo del presente y del futuro debe centrarse en la revitalización de las ciudades; en la capacidad de crecer dentro de la ciudad porque hay bolsas de vivienda suficientes", argumentó el conseller de Territorio, Marc Pons.

Y descartó que el Govern actúe para reducir esas tres mil hectáreas de suelo edificable. "Hay ciudadanos y empresas que tienen derechos adquiridos para ejecutar esas construcciones. Así que nosotros miramos hacia adelante. Tenemos que cuidar el suelo rústico. Paremos y orientemos las leyes pensadas en reclasificar nuevo suelo hacia la ciudad. ¿Tendría que ser así? Es lo que tenemos", defendió Pons, acompañado por el director general de Ordenación del Territorio, Lluís Corral.

Margalida Ramis, portavoz del GOB, sí consideró que la Administración tiene margen de maniobra para librar del ladrillo a parte de ese suelo vacante. "Pedimos que el Govern desclasifique el suelo urbanizable que no se ha tocado. Es decir, el que todavía no tiene servicios como alcantarillado. Hace poco presentamos alegaciones a la nueva Ley del Suelo e incidimos en que se establezcan límites claros al crecimiento urbanístico previsto", sostuvo Ramis.

"No me imagino unas islas con 364.000 habitantes más en los próximos años. Junto con la presión humana que ya supone el turismo se crearía una situación insostenible. No hay infraestructuras para soportar ese crecimiento demográfico", añadió.