El Govern abrió el año pasado casi el triple de expedientes sancionadores por incumplimiento en la normativa de gestión de residuos que el año anterior, lo que supuso unos ingresos por sanciones de 94.800 euros, un 78% más que en 2015, cuando se recaudaron 21.000 euros. De 2015 a 2016, el número de expedientes sancionadores abiertos pasó de 24 a 69, un aumento del 186%, mientras que en el primer trimestre de 2017 ya se incoaron 59, según informó la dirección general de Educación Ambiental en un comunicado.
En este sentido, el Ejecutivo balear ha cerrado provisionalmente, por primera vez en su historia, una instalación de tratamiento y gestión de residuos por incumplimiento de la normativa: el centro de recepción y descontaminación de vehículos fuera de uso ubicado en el polígono de Son Fuster, en Palma. De hecho, ha dejado abierta la posibilidad de tomar medidas similares en otros centros que no respeten la normativa. La medida ha sido tomada después de que los técnicos del servicio de residuos y suelos contaminados inspeccionaran la instalación y constataran deficiencias "importantes".
Este centro fue denunciado en 2016 por la Guardia Civil y la Policía Local de Palma por almacenar vehículos parcialmente desmontados en la calle y operar sin la autorización preceptiva en unas instalaciones que no cumplían la normativa.
