La infanta Cristina no recurrirá finalmente la sentencia del caso Nóos ante el Tribunal Supremo para lavar su honor y su imagen con una hipotética declaración de que Manos Limpias no estaba legitimada para acusarla en solitario y nunca tendría que haber sido juzgada. Los que sí presentarán recursos de casación, para agravar, atenuar o anular las condenas, son seis partes, mientras que Manos Limpias se limitará a pedir ser eximida de la obligación de pagar las costas procesales de la Infanta, por haber mantenido de forma temeraria la acusación contra ella al final de juicio y pese a la ausencia de pruebas.
Ayer acabó el plazo para anunciar los recursos ante el Tribunal Supremo, que serán presentados más adelante. La sentencia fue dictada el pasado 17 de febrero.
Las partes que quieren cambiar la sentencia son las siguientes:
fiscalía anticorrupción; Abogacía del Estado en nombre de Hacienda; Abogacía del Govern; Iñaki Urdangarin; su exsocio Diego Torres; y el expresidente del Govern Jaume Matas.
Pagar 265.000 euros
La Infanta fue absuelta de los dos delitos contra la Hacienda Pública que le imputaba Manos Limpias, pero fue condenada a abonar 265.000 euros en calidad de partícipe lucrativo, es decir que se benefició del dinero ilícito obtenido por su marido Iñaki Urdangarin, aunque sin saber que esos fondos eran de origen delictivo.
Algunos de los abogados de doña Cristina aseguraron que ésta barajó recurrir en casación el fallo de la Audiencia de Palma para demostrar que nunca tenía que haberse sentado en el banquillo de la Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP).
El siguiente paso de esa estrategia era, en aplicación del derecho al olvido, instar a los medios de comunicación para que borrasen todas las imágenes de la hermana del Rey durante la vista oral.
En la sentencia del caso Nóos, el tribunal condenó a 7 de los 18 acusados y únicamente a tres de ellos con condenas que implicarían el ingreso en prisión, por penas que suman en total 18 años y 5 meses de cárcel.
Los tres condenados a penas de prisión son los que han anunciado recurso: Urdangarin, a 6 años y 3 meses de prisión, su exsocio Diego Torres a 8 años y 6 meses, y el exministro Matas a 3 años y 8 meses.
Los fiscales Pedro Horrach y Ana Lamas anunciaron el mismo día de la notificación de la sentencia que propondrían a la fiscalía del Tribunal Supremo que recurra la sentencia para aumentar las condenas porque la Audiencia de Palma no ha apreciado el delito de malversación, que lleva aparejada una pena de cárcel de entre 4 y 8 años.
Horrach, que está a punto de abandonar la fiscalía para ejercer como abogado privado, basará su propuesta de recurso en el hecho de que la sala no declaró probado el delito de malversación ni determinadas falsedades tanto en documento público como en documento mercantil.
La Abogacía del Estado, tras la sentencia, solicitó a la sección primera de la Audiencia una aclaración de la misma relacionada con la cuantificación del fraude fiscal por el que fueron condenados Urdangarin y Torres, algo que el tribunal provincial desestimó. Esta parte únicamente acusaba por los delitos fiscales a Torres y Urdangarin.
La Abogacía del Estado cifraba el fraude fiscal cometido por Urdangarin en 174.575 euros en 2007 y en 152.350 euros en 2008.
El Govern balear ya había anunciado que formularía recurso de casación, con la intención de recuperar el dinero destinado al Instituto que presidía Urdangarin. Esta acusación reclama que Matas, Urdangarin, Torres y Ballester devuelvan a las arcas públicas casi 2,7 millones de euros.
