Como una gran estafa agravada y reincidente que sin embargo no tiene efectos imputables sobre la salud pública porque la legislación vigente así lo tipifica. Era una panacea inocua, productos milagro que no obraban la curación pero si rasgaban el bolsillo hasta agujerearlo y las esperanzas al límite del desamparo. De este modo se canaliza la investigación policial y la instrucción judicial del caso Minerval condimentado con los preparados de los catedráticos Escribá y Busquets sin los permisos oportunos, al margen de las disposiciones legales y a espaldas de la Agencia Española del Medicamento. Convendrá no perder de vista en todo este proceso que las consecuencias penales no son las únicas que pueden alterar la salud pública en sentido amplio y por tanto afectar a este escándalo y sus repercusiones.
La venta a escala considerable, vestida además con publicidad engañosa, de un bálsamo inocuo a precio de remedio de lujo es, en su propio contenido y proceso, una agresión a la salud colectiva que, de este modo, padece las lesiones del desengaño impotente y el fraude de quienes no superarían la menor analítica de escrúpulos elementales para circular por el mundo. Solo la comunidad sanitaria y la presidenta del Consell Social de la Universitat han sabido reaccionar a tiempo y estar a la altura de sus responsabilidades pero, a la vista de lo ocurrido, el campus y el rectorado de la UIB también requieren un profundo chequeo y el consiguiente diagnóstico con prescripción adecuada porque no supieron -más grave sería que no hubieran querido- reaccionar a tiempo ante unos primeros síntomas en forma de rumores que casi todos conocían. Que revisen la audición y la vista. En cuando a la administración del caso Minerval, el remedio, que no era tal, ha sido aún peor que la enfermedad. Por eso deja demasiados efectos secundarios y profundas cicatrices que van mucho más allá de la estafa imputable y sin querer decir con ello que ésta sea un mal menor.
