Los investigadores del caso Minerval descartan, de momento, acusar a los detenidos de delitos contra la salud pública, ya que estiman que los productos que la presunta trama vendía como curativos del cáncer y el alzheimer no constituyen un riesgo para las personas y, más al contrario, son inocuos. El núcleo central de la acusación se basa así en la imputación de una presunta estafa agravada, derivada de la venta, a precios muy elevados, de compuestos destinados a tratar y curar esas graves enfermedades cuando en realidad no tenían ningún efecto terapéutico o paliativo.
En el voluminoso atestado que el Grupo de Delitos Económicos de la Policía ha remitido al juez Enrique Morell no aparecen acusaciones de delitos contra la salud pública y sí indicios sobre una presunta estafa de gran cuantía económica, múltiples afectados y de varios años de duración. Los principales acusados son los catedráticos de la UIB Pablo Escribá y Xavier Busquets, que en unas semanas comparecerán ante el juez.
El Código Penal castiga con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel un amplio abanico de conductas relacionadas con la fabricación, comercialización, almacenamiento o difusión de falsos medicamentos, medicinas adulteradas o caducadas, substancias activas de las mismas o excipientes. Los requisitos que los distintos tipos delictivos exigen son que esas medicinas, incluso las que están en fase de investigación, se manipulen sin tener los permisos oportunos y sin cumplir las disposiciones legales y, especialmente, que esas conductas supongan un riesgo para la vida o la salud de las personas.
En el caso Minerval los investigadores han llegado a la conclusión de que los productos que se han vendido como medicinas para curar algunos tipos de cánceres y el alzheimer son inocuos y su consumo no causa daños a la salud de, en este caso, las personas enfermas. Los investigadores tendrán que demostrar que los acusados, aunque disponían de autorizaciones y permisos para fabricar y comercializar suplementos alimenticios, los han vendido como medicamentos milagro para el cáncer o el alzheimer. También habrá que aclarar si el Minerval era un fármaco en fase de prueba, lo que también habría impedido su venta.
Víctimas y denunciantes
El juzgado de instrucción 9 de Palma ha citado a los denunciantes y perjudicados por la supuesta estafa atribuida a los dos catedráticos de la UIB y otras tres personas.
El caso se inició a raíz de una denuncia de la fiscalía, alertada por Francesca Mas, abogada y presidenta del Consell Social de la Universidad de les Illes. Balears.
Según la Policía, que lleva meses investigando los hechos, varias personas (inicialmente más de diez) compraron a los investigados un fármaco contra el cáncer que se sospecha no tiene efectos curativos y por el que los afectados han pagado elevadas sumas (hasta 25.000 euros). Estos perjudicados comparecerán ante el juzgado a partir del día 4 de mayo.
Uno de los testigos que ha sido emplazado es Josefa Terrasa, jefa de Oncología del hospital público de referencia de las islas de Son Espases. Esta doctora, junto al también oncólogo Josep Fuster, fueron de los primeros en alertar sobre las supuestas irregularidades en torno a esa medicina que no ha sido autorizada por la Agencia Española del Medicamento.
Fuentes próximas al caso explicaron que los cinco detenidos se acogieron en Comisaría a su derecho constitucional a no declarar ante los investigadores policiales. La Policía citó a los encausados en calidad de detenidos y los dejó en libertad tras su frustrada declaración.
Hablarán ante el juez
Los imputados señalaron que darán las explicaciones oportunas ante el juez de instrucción 9.
La Policía hizo un llamamiento para que todos los afectados por este caso formulen denuncia. Inicialmente se habló de una decena de enfermos y sus familias y de una cuantía de la presunta estafa superior a los 611.000 euros.
Los detenidos están acusados de una estafa agravada, un delito que conlleva penas de hasta 6 u 8 años de cárcel.
