El centro para grandes discapacitados de Joan Crespí cerrará sus puertas en septiembre, cuando toda la infraestructura dedicada a la rehabilitación de los pacientes dejará su lugar a despachos de la conselleria de Servicios Sociales. Termina así el tumultuoso trayecto de una instalación que no se ha librado de la polémica desde su esperpéntica -y ficticia- inauguración en 2007.esperpéntica -y ficticia- inauguración en 2007 El conocido oficialmente como Servicio de promoción de la autonomía personal y apoyo a la vida independiente (SEPAP) quedará bajo la tutela del Consell, que ofrecerá atención a domicilio a los noventa pacientes que aún acuden al centro.
"El Consell acaba de poner en marcha un servicio de autonomía personal a domicilio que llega a toda la isla. Nosotros solo podíamos actuar en Palma, así que acordamos con el Consell ampliar el servicio para que se acerque a la gente. Así que ahora las personas con discapacidad física podrán hacer su rehabilitación en la cocina de su casa, y no en una cocina simulada en el centro de Joan Crespí", explicó ayer a este diario la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago.
La batalla política se trasladó al SEPAP desde el principio. El Govern de Francesc Antich dio la gestión del centro a la Federación de discapacitados físicos. Cuando el PP recuperó el poder en 2011 sacó la gestión a concurso recortando 100.000 euros. La Federación se echó atrás al no verse capaz de garantizar una atención digna a los pacientes con un presupuesto de mínimos, así que el centro pasó a manos de la empresa privada Eulen hasta el día de hoy.
"El dinero que estábamos dando a Eulen, unos 300.000 euros, pasará al Consell. Así que técnicamente el servicio no cierra, se reorienta", argumentó Santiago, que aseguró que todos los discapacitado que son atendidos en el SEPAP serán derivados de inmediato al nuevo servicio que prestará la institución insular.
El SEPAP ha estado gafado desde sus inicios. El 2 de marzo de 2007 el entonces presidente del Govern Jaume Matas presentó por todo lo alto y en compañía de doña Sofía un centro que debía ser una referencia a nivel nacional. Lo cierto es que aquella inauguración fue una parodia. La instalación estaba todavía en obras, así que los operarios tuvieron que trabajar a contrarreloj para terminar el ´hall´ de la entrada, unas pocas habitaciones y una piscina de rehabilitación ante la que posaron sonrientes las autoridades. Fue todo un gran decorado al que fueron ajenos los periodistas, obligados a esperar en la calle.
Todo aquello olía a chamusquina y cinco meses después el nuevo Govern encabezado por Francesc Antich abrió a los medios las puertas de un centro lleno de cables, polvo y operarios a pleno rendimiento. La piscina aparecía cubierta de cartones y el poco mobiliario estaba embalado para no ensuciarse con las obras.
La pantomima de Matas costó 300.000 euros con los que se costearon escenarios y elementos provisionales que fueron retirados después de aquella inauguración ficticia. Había prisa por hacerse la foto porque dos meses después había elecciones.
La obra costó ocho millones de euros y cuando estuvo acabada más de dos años después de su falsa inauguración no reunía los requisitos para que funcionara como centro de rehabilitación para personas con una gran discapacidad motora, que es para lo que inicialmente se creó.
El centro dio un último dolor de cabeza al Govern el año pasado, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Balears le ordenó pagar una factura de 1,7 millones de euros que quedaba pendiente del contrato de obras. Eso sí. La administración se libró de pagar aquellos 300.000 euros que Matas comprometió para su teatro.
