La empresa derivada de la UIB, Lipopharma, aseguró ayer que la detención e imputación por estafa de dos de sus cofundadores -los catedráticos Pablo Escribá y Xavier Busquets- son unos hechos "totalmente ajenos" a la compañía y a la actividad que desarrolla. En un comunicado hecho público a través de su web, Lipopharma insistió en que "no ha comercializado jamás el Minerval a ningún paciente fuera de los estudios clínicos".

Además de explicar en qué fase de ensayos y acreditación se encuentra Minerval, sobre la investigación señala que en referencia a la investigación "relacionada con posibles actividades fraudulentas que afectan a productos que está desarrollando la empresa" se remite "a las conclusiones de las mencionadas diligencias".

"Fase de investigación"

Calificó de "rotundamente falso" que Lipopharma haya realizado "ningún tipo de uso fraudulento del Minerval ni de ningún otro producto en desarrollo" y subrayó que es "un producto en fase de investigación", aunque también que "ha completado con resultados muy positivos un estudio clínico con una formulación oral en pacientes adultos con tumores sólidos avanzados".

La empresa biofarmacéutica (que a diferencia de lo que dice la UIB sí se define como spin off suya) explicó que se dedica a "investigar las posibles aplicaciones en el ámbito de la salud humana de diversas invenciones realizadas por científicos de la UIB, que se encuentran protegidos por cuatro familias de patentes propiedad de la UIB y sobre las que Lipopharma dispone de los derechos de explotación exclusivos".

Según su propia web, la empresa fue cofundada por los científicos detenidos, y por el empresario Vicenç Tur. Pablo Escribá aparece en el organigrama como cofundador, director científico y miembro del Consejo Asesor Científico: "Es el principal promotor de Lipopharma". Xavier Busquets figura como "colaborador clave" de Escribá, cofundador y presidente del Consejo Asesor Científico.

Condena del Colegio de Médicos

El Col·legi Oficial de Metges de Balears (COMIB) lamentó ayer el presunto fraude. En un comunicado recalcó que los investigadores implicados no son profesionales médicos y recordó que toda investigación debe realizarse siempre siguiendo unos rigurosos criterios científicos y éticos, si bien no dio ninguna explicación de por qué no hizo nada cuando en el año 2015 su presidente, Antoni Bennàssar, recibió una carta de los oncólogos que le revelaban la presunta estafa y le instaban a actuar.

Sin embargo, ayer el Colegio no dudó en condenar "cualquier actividad asistencial fuera de la evidencia científica, que suponga un engaño para las personas que están en situación de especial vulnerabilidad como los pacientes y los familiares que sufren una enfermedad".