Dos catedráticos de la Universitat usaban los laboratorios de la institución para elaborar un falso medicamento contra el cáncer, un compuesto no autorizado para la venta que después promocionaban por internet y vendían a afectados de todo el país. Algunos de los enfermos, afectados por un tipo de cáncer (glioma) especialmente agresivo, acudían a la UIB a recoger el preparado. Un afectado llegó a pagar 25.000 euros para salvar a su hija.

La Policía Nacional detuvo la semana pasada a estos dos profesores de la Universitat, Xavier Busquets y Pablo Escribá, que hace quince años fundaron Lipopharma, una compañía biofarmacéutica derivada de la UIB y con oficina en el Parc Bit, que trabaja con un molécula artificial (bautizada comercialmente como Minerval y patentada por la UIB) cuya venta aún no está autorizada ya que todavía no ha superado todas las fases necesarias para obtener la acreditación de la Agencia Española de Medicamentos.

En el marco de la Operación Impía ("sin alma"), miembros del grupo de Delincuencia Económica también detuvieron e interrogaron a la responsable económica de la empresa y a otras dos personas vinculadas a la Fundación Marathon Glioma. A los cinco detenidos se les imputa un delito continuado de estafa agravado, que les podría haber supuesto unos beneficios de más de 611.000 euros (cifra que se espera que crezca según aparezcan más afectados). Los detenidos fueron puestos en libertad con cargos.

Esta fundación sin ánimo de lucro, señaló la Policía en su detallado y contundente comunicado, servía para recibir supuestos donativos de los compradores, "camuflando así la compra de una sustancia sin efectos curativos". Los agentes han recopilado una decena de testimonios y denuncias y animan a todos las víctimas a que denuncien.

En la Universitat hace años que hay rumores y críticas al laboratorio de Escribá y Busquets. De hecho, es un laboratorio con mucha movilidad de personal e incluso dos investigadores que fueron coinventoras de la patente de Minerval renunciaron en 2014 a la titularidad y acabaron abandonando el grupo de investigación de Biomedicina Molecular y Celular dirigido por Escribá.

Expusieron, sin conseguir ningún resultado, sus motivos y sospechas al vicerrector de Investigación, Jaume Carot, quien ayer fue el encargado de dar explicaciones sobre el papel de la UIB ante lo sucedido en los últimos años en sus propias instalaciones.

En la rueda de prensa convocada de urgencia, el rector, Llorenç Huguet, se limitó a expresar su "preocupación" y anunciar que la institución académica se personará en la causa "como perjudicada".

¿Era consciente la UIB de que se usaban sus dependencias para fabricar y dispensar de forma irregular un preparado no autorizado para la venta? "Sintetizar una sustancia no es delito", indicó Carot, quien señaló que Minerval "está patentada y es legal". Añadió: "No es factible mantener vigilados a todos los laboratorios", argumentó. Admitió no obstante que hace al menos seis años que están al tanto de los "rumores" sobre este laboratorio.

¿Por qué no hicieron nada? "No había nada por escrito". La ausencia de documentos fue señalada por el vicerrector como el elemento que les ha frenado para enfrentarse a esta situación todos estos años. El responsable de Investigación señaló que Montserrat Casas, la fallecida rectora -de cuyo equipo Carot también formó parte- , se entrevistó con afectados.

"No se obtuvo ninguna evidencia y no se logró ninguna rectificación", explicó, "no somos policías, en el ámbito de nuestras capacidades hemos hecho todo lo que podíamos hacer".

En julio de 2015 la dirección del Servicio de Oncología de Son Espases 2015 la dirección del Servicio de Oncología de Son Espasesavisó a la UIB de que tenía constancia de que había pacientes comprando este falso fármaco. Se concertó una reunión a la que iba a asistir un afectado, pero éste al final se retractó y la UIB desistió de continuar investigando: "Actuar solo en base a rumores y sin una denuncia formal por escrito es una mala práctica", defendió Carot.

¿Cómo llegó el caso entonces a Fiscalía? Porque cayó en las manos de Francesca Mas, abogada y presidenta del Consell Social de la UIB, un órgano de control autónomo que tiene entre sus funciones exigir rendimiento de cuentas a la institución ante la sociedad.

Mas recibió en abril de 2016 una carta firmada por los directores de los dos principales institutos de investigación sanitaria de Balears: Miquel Fiol, del IDISBA; y Fèlix Grases, del IUNICS. Esta misiva recogía la denuncia hecha un año atrás por la dirección de Oncología de Son Espases .

Fue la presidenta del Consell Social quien, entendiendo que los hechos relatados podían ser constitutivos de delito, los comunicó a la Fiscalía, según el propio comunicado de la UIB.

Publicidad engañosa

Durante la anterior legislatura, el Govern sí actuó contra la empresa Lipopharma. La dirección general de Farmacia requirió a los responsables de esta empresa derivada de la UIB la "retirada urgente" de distintas campañas publicitarias "en las que ensalzaban su milagroso producto anticancerígeno".

Según el comunicado de la Policía Nacional, los profesores se aprovechaban del "reconocimiento académico y profesional que sus puestos les otorgaban" para impulsar estas campañas de difusión. También pusieron en marcha iniciativas de publicidad a través de las redes sociales.

Tras el requerimiento del Govern, retiraron todas las acciones. El vicerrector de Investigación confirmó que estaban al tanto de esta actuación por parte del Govern entonces del PP.

Los investigadores han detectado que los arrestados también estaban intentado seguir el mismo proceso de comercialización con la otra molécula 'estrella' de Lipopharma, que querían vender como una cura para el Alzheimer, pese a que tampoco contaba con el reconocimiento como medicamento ni estaba autorizada su venta al público.