El fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, ha presentado un escrito de acusación contra las doce personas implicadas en el denominado caso Puertos. Una acusación por la que pretende, entre otras cosas, que el que fuera secretario general del PSOE y presidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB), Francesc Triay, sea condenado por los delitos de alteración de subastas y concursos públicos, fraude a la administración, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación, por los que reclama una condena de diez años de prisión. Le acusa de haber validado, una vez asumida la presidencia de la APB, el amaño de varios concursos públicos para la explotación de instalaciones portuarias que había organizado Juan Verger, su antecesor en el cargo.
Triay no es el único que se enfrenta a una dura pena de prisión. Lo mismo le ocurre a Ángel De Matías, el histórico director de los puertos, al que el fiscal le imputa un total de ocho delitos, por los que reclama una condena de doce años de prisión. Entre los acusados también destaca la presencia de Gerardo Díaz Ferrán, el que fuera presidente de la confederación nacional de empresarios (CEOE), en estos momentos encarcelado, que se enfrenta a una acusación por los delitos de alteración de subastas y concursos públicos, así como falsedad documental. Delitos por los que la fiscalía reclama tres años y medio de prisión. También destaca entre los acusados la presencia del almirante de la Armada, Juan Carlos Rodríguez Toubes, que actuó como presidente de una de las empresas de Díaz Ferrán. El fiscal le pide un año de prisión.
Métodos utilizados
El escrito de acusación de la fiscalía detalla los métodos que utilizaron los responsables de la Autoritat Portuària de Balears para amañar concursos sobre la explotación de instalaciones deportivas para favorecer a determinadas empresas. Así, detalla que Juan Verger Pocoví, ya fallecido, que fue presidente de la APB entre 2003 y 2007, mantuvo conversaciones con los responsables del Club Marítimo de Maó, proponiéndoles alterar el concurso que había ganado la empresa Trapsa, de Díaz Ferran. La solución que propuso Verger es que este club, que llevaba años explotando este puerto deportivo, entregara una contraprestación a Trapsa Yates, que consistía en un pago en metálico y en la entrega de varios amarres. La empresa de Díaz Ferrán, a cambio, renunciaría al concurso, ya que estaba mucho más interesada en la adjudicación de la explotación del puerto Ibiza Nueva. La oferta fue aceptada y el club pagó 13.523 euros y entregó tres amarres de 27 metros, valorados en 4.500.000 euros. La contraprestación se disfrazó a través de un contrato ficticio.
Negociaciones ilegales
El fiscal asegura que Triay conocía estas negociaciones ilegales que había mantenido su antecesor y aún así, no solo no las subsanó, sino que participó de una forma activa para que se solucionara el tema de los puertos de Maó y de Ibiza Nueva.
El fiscal afirma además que la Autoritat Portuària también amañó, a favor de una empresa, un expediente para desarrollar la asistencia técnica del plan director del puerto de Maó. El contrató se adjudicó con un sobreprecio pactado previamente.
Con respecto a Ángel De Matías, la fiscalía afirma que una empresa le regaló una cocina, valorada en casi 12 mil euros, y facilitó información confidencial a una determinada sociedad para que tuviera una posición de ventaja, frente a otros licitantes, en el concurso para adjudicarse la explotación de la Marina de Formentera.
En el escrito se detalla la intervención del resto de acusados en este amaño de concursos.
