La investigación que sobre el caso Contratos están realizando los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Ana Lamas no difiere mucho de otros asuntos de corrupción protagonizados por políticos de UM, PP o PSOE. Esta vez le ha tocado a Més, pero los delitos que se investigan son la trilogía de siempre: prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales.
Tres son las claves que los fiscales deben aclarar: si los contratos a militantes de Més y destacados responsables de sus campañas electorales fueron dados burlando las normas del sector público, si los políticos y altos funcionarios que adjudicaron esos informes lo hicieron a sabiendas de que querían favorecer a compañeros del partido y si los dictámenes y trabajos tenían alguna utilidad pública o eran la excusa para dar trabajo a las empresas de colegas.
Desde Més se defienden alegando que los trabajos sirvieron para algo y que se respetó la normativa de contratación.
El alegato contrasta con las sospechas de que algunos contratos se fraccionaron para eludir convocar concursos y con la realidad de que los beneficiados fueron, oh casualidad, responsables de las campañas electorales del partido.
La plaza de los Patines, sede de la fiscalía, puede convertirse en la picota de un partido que hasta ahora luchaba contra la corrupción, pero que ha cambiado de terreno de juego.
Los casos Scala, Palma Arena, Over y Multimedia son el espejo donde deben mirarse los ecosoberanistas.
