Un grupo de casi 80 perjudicados por la huelga encubierta que protagonizaron los controladores de las torres de control de Baleares quiere que estos trabajadores públicos paguen con la cárcel los perjuicios, tanto económicos como morales, que ocasionaron como consecuencia del cierre del espacio aéreo. Un paro que se perpetró en el puente de la Constitución del año 2010, que dejó en tierra y sin posibilidad de viajar a miles de pasajeros. Esta movilización ocasionó tal caos que el Gobierno se vio obligado a cerrar el espacio aéreo, antes de militarizar el servicio hasta que se consiguió restablecer la normalidad.
Estos perjudicados, que actúan conjuntamente, han presentado un escrito de acusación, por el que reclaman penas que suman hasta 672 años de cárcel para los 84 trabajadores de las torres de control que tendrán que sentarse en el banquillo, acusados, entre otros delitos, de sedición, además de abandono de servicio y coacciones. Es decir, estos usuarios del transporte aéreo, que el día de la movilización no pudieron salir de viaje como consecuencia de esta protesta laboral ilegal, pretenden que cada uno de estos 84 controladores cumpla una condena de ocho años de prisión, que es la máxima sanción que impone el código penal por los delitos por los que serán juzgados. Pero no solo piden penas de cárcel, también les reclaman que paguen de sus bolsillos los perjuicios económicos que ocasionaron. Una indemnización que cifran en 2,9 millones de euros.
Afectados
Además de la fiscalía, que todavía no ha presentado su escrito, en esta causa intervienen hasta cinco acusaciones particulares, que representan tanto a colectivos como a afectados a título personal. Sin embargo, el grupo más numeroso son estas casi 80 personas que se pusieron de acuerdo para que un mismo abogado les representara como una única acusación, para que defendiera sus intereses y reclamara las pérdidas económicas que les habían ocasionado los controladores aéreos de los aeropuertos de Balears. Esta acusación coincide con la conclusión que alcanzó el juez Juan Manuel Sobrino, instructor de este caso, que consideró que los 84 controladores habían cometido un delito de sedición, es decir, habían protagonizado una rebelión contra el Estado por organizar una huelga encubierta que afectó a miles de usuarios del transporte aéreo.
Esta movilización de los controladores coincidió con una etapa de negociación con el Gobierno. La disputa entre ambas partes se centraba, sobre todo, en alcanzar un acuerdo sobre las horas que debían integrar la jornada laboral anual, así como las horas extraordinarias y los tiempos de descanso de este colectivo.
El Gobierno se impuso
Al no alcanzar un acuerdo, el Gobierno dictó un Real Decreto que de forma unilateral estableció un nuevo sistema de recuento de las horas de trabajo. Esta decisión del Ejecutivo no fue aceptada de ningún modo por los controladores aéreos, porque interpretaban que saldrían gravemente perjudicados al tener que trabajar más horas que antes.
Pocos días antes del puente de la Constitución del año 2010 se celebraron varias asambleas en un hotel de Palma, organizadas por el sindicato, con la presencia de casi todos los controladores. Y según señalaba el juez, en uno de estos encuentros sindicales se decidió iniciar una movilización para obligar al Gobierno a que reconsiderara su postura. La decisión que alcanzaron fue paralizar el tráfico aéreo, sin tener en cuenta que ello iba a perjudicar a miles de pasajeros, como así fue.
Según mantienen las acusaciones, el plan consistía en que los controladores, paulatinamente, irían levantándose de sus mesas de trabajo, alegando una repentina enfermedad. Esta situación no solo se produjo en los aeropuertos de Balears, sino en todo el país. Los trabajadores, para justificarse, alegaron que estaban sufriendo un repentino ataque de estrés o de ansiedad y que no estaban en condiciones para seguir trabajando. Esta situación, a juicio de las acusaciones, representaba una huelga encubierta, si bien los controladores siempre han negado que fuera una actuación planificada y coordinada. De hecho, han afirmado que ninguna enfermedad fue simulada, sino que respondía a la reacción que les estaba produciendo el conflicto laboral que había provocado el Gobierno. Un informe del médico forense descartó la existencia de una epidemia de enfermedades, como han mantenido siempre los controladores aéreos.
