La Delegación del Gobierno está dispuesta a llevar hasta el final su cruzada contra los ayuntamientos que, considera, se han declarado en rebeldía aprobando el complemento de la carrera profesional, un plus que fue suspendido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 y restituido en 2015, aunque no formalmente.
De este modo, la administración que dirige María Salom ha interpuesto un contencioso contra Palma, la primera corporación municipal a la que lleva a los tribunales por aprobar el complemento y desentenderse del requerimiento en el que se le exigía que diera marcha atrás.
Hay otros tres municipios que también han dado luz verde al complemento y que ya han sido advertidos notarialmente: Andratx, Santa Eugènia y Campos. En la misma situación se encuentra el Consell de Mallorca, que en marzo ratificó un plus del que también se beneficiarán sus funcionarios.
El complemento está recogido en el Estatuto del Trabajador Público de 2015, pero la Delegación del Gobierno argumenta que todavía no se ha desarrollado legislativamente y que, por tanto, aún no se puede aplicar. Al comprobar que son varios los ayuntamientos que ya han aplicado la norma por su cuenta, la administración del Estado ha enviado misivas a todos los ayuntamientos -excepto a los cuatro sublevados- en las que se les advierte de consecuencias judiciales si deciden tomar el mismo camino.
"A nosotros también nos gustaría, como a toda la Administración Pública, poder mejorar las condiciones laborales de los funcionarios públicos. Pero, con la legislación vigente y a la espera de que sea modificada o adecuada a los tiempos de mejora económica que vivimos, creemos que es importante no generar falsas expectativas entre los trabajadores públicos ante la posibilidad de que finalmente los jueces rechacen este complemento", especifica el escrito.
Devolución de lo cobrado
"Aquellos acuerdos que se puedan adoptar por cualquier corporación en este sentido, mediante la aprobación de este complemento, infringiría, según el criterio de esta Delegación del Gobierno, la legislación básica estatal y, en tal caso, obligaría a la adopción de los mecanismos previstos en la ley y se solicitaría la anulación del acuerdo", continúa la carta de la Delegación del Gobierno.
En caso contrario, esta administración recuerda que tiene atribuciones de control sobre la normativa local y que por tanto acudirá "a los tribunales de justicia para resolver este contencioso". Y termina: "Deseo que comprenda nuestra decisión ante acuerdos que puedan vulnerar no solo la legalidad sino también conculcar las legítimas aspiraciones de los funcionarios al servicio de la Administración local".
El proceso judicial abierto ahora no es un obstáculo para que Cort siga abonando el complemento a sus trabajadores. Sin embargo, en caso de que haya sentencia favorable a la administración central, los funcionarios deberán devolver todo lo percibido hasta entonces.
Previsiblemente el proceso se alargará dos o tres años -cabe recurso para la parte perdedora en primera instancia-, por lo que una derrota judicial de Cort implicaría la devolución por parte de muchos trabajadores de varios miles de euros.
La administración del Estado no está dispuesta a admitir transgresiones de la norma, y espera que su contundente respuesta a Cort sirva de ejemplo al resto de corporaciones municipales que hayan dado luz verde al complemento profesional o se planteen aprobarlo.
