Tras dos años de su llegada al Govern, el Pacte presentó ayer su proyecto de ley para regular el tema que acaba cayendo en todas las conversaciones entre mallorquines de los últimos tiempos: el alquiler turístico. Las reacciones no se han hecho esperar y por el momento tanto los hoteleros como los propietarios de pisos turísticos ya han expresado su descontento (cada colectivo por motivos diferentes).

Los empresarios hoteleros agrupados en FEHM creen que la nueva norma favorece que se "siga impulsando la economía de la especulación y dando cabida a crecimientos de capacidad sin control".

La federación que preside Inma de Benito señaló ayer, a través de un comunicado, que "ya existe una regulación vigente que tipifica claramente los tipos de vivienda que se pueden destinar a alquiler vacacional", por lo que a su juicio una nueva regulación redunda en "una mayor inseguridad jurídica". De Benito subrayó que su organización aboga por "un replanteamiento del modelo turístico actual" que permita dejar atrás "un modelo basado en el volumen y la cantidad" que genera problemas en otros ámbitos como el acceso a la vivienda, la convivencia entre residentes y turistas y la protección del consumidor.

Lamenta que la norma da "cabida a incrementos de capacidad sin control, estableciendo límites difusos y opacos de difícil cumplimiento para restringir una actividad ya prohibida". No todo es negativo: sí valora que la reforma de la Ley de Turismo que impulsa el Govern contemple herramientas para controlar el alquiler turístico irregular, algo que en realidad ya podría hacerse partiendo de la normativa ya existente "pero que no se está haciendo".

"Moratoria encubierta"

Por otro lado, la asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada (APTUR) criticó el proyecto al considerar que supone "una moratoria encubierta".Según indicó el presidente de APTUR, Joan Miralles, la propuesta de Govern ""deja fuera a más del 80% de la oferta actual y se tendrá que esperar a la redacción de un Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos que saldrá, como pronto, a final de la legislatura para poder hacer efectiva la tramitación de licencias".

Miralles consideró que este proyecto de ley que ahora debe iniciar el trámite parlamentario generará una retahíla de graves consecuencias: "Va en contra de la demanda de los turistas, que cada vez apuestan más por el alojamiento vacacional"; "perjudicará al comercio de proximidad" ; entorpecerá la desestacionalización del turismo; "dejará la pelota en el tejado de los consells insulares y ayuntamientos, así como de comunidades de vecinos"; y "criminalizará a los propietarios".

Con todo, APTUR cree que se "perjudicará a miles de trabajadores que trabajan en relación con el alquiler vacacional, las arcas públicas dejarán de ingresar dinero por la recaudación de impuestos de las viviendas que no se puedan alquilar, y si se aplica Balears perderá competitividad frente a otros destinos mediterráneos". La asociación no cree además que se logre el objetivo buscado y no servirá para que baje el precio de la vivienda.

APTUR pide "una regulación valiente, no coaccionada por otros sectores, que posibilite que todos aquellos que llevan a cabo legalmente alquiler vacacional lo puedan hacer con garantías".

En el ámbito político, Podemos, partido que da apoyo al Govern, abogó por "limitar al máximo" este tipo de arrendamientos. Alberto Jarabo reclamó un techo global de plazas turísticas para garantizar algo que "ahora no está" asegurado: el acceso a la vivienda. "No queremos que Eivissa sea una nueva Venecia y que Palma sea una nueva Manhattan", indició: "La permisividad debe ser estricta y todas nuestras enmiendas irán en la línea de restringir al máximo el alquiler turístico para que además sea de bajo impacto sobre la convivencia".

El presidente del Consell de Eivissa, Vicent Torres, reiteró su rechazo al alquiler turístico en edificios plurifamiliares, algo que la reforma de la Ley de Turismo autoriza si las comunidades de vecinos de cada bloque lo permite pese a que "altera la convivencia normal de las personas en un ámbito residencial y porque crea un problema social de falta de vivienda".