La querella que Carlos Delgado y Jaime Martínez presentaron durante su etapa política en Calvià contra el asesor jurídico de la discoteca Pachá fue, finalmente, archivada por el juez. Ambos políticos denunciaron que el letrado les había amenazado con presentar una querella contra ellos por actuar contra la discoteca. El objetivo sería, según ellos, conseguir su imputación para que fueran apartados de las listas electorales del PP. Esta supuesta amenaza nunca se concretó, a pesar del manifiesto enfrentamiento que mantuvieron los propietarios de Pachá de Son Caliu con el Ayuntamiento de Calvià.

El asesor legal de los empresarios fue llamado a declarar como imputado a raíz de la denuncia de Delgado y Martínez. Su declaración convenció, tanto al fiscal como a la jueza, que acordó inmediatamente el archivo de la denuncia. El auto judicial señalaba, refiriéndose a una resolución dictada por la Audiencia de un caso similar, que "no se puede estimar el anuncio de utilizar todas las vías jurisdiccionales como constitutivos de delito". Es decir, para la juez no era ningún delito que un abogado pudiera ejecutar un derecho, como es la presentación de una querella, aunque lo utilizara como forma de presión.

Esta polémica ha reaparecido de nuevo como consecuencia de las declaraciones que han realizado varios testigos relacionados con esta discoteca, que han asegurado que todas las decisiones políticos que adoptó Delgado como alcalde de Calvià, las hizo para favorecer al empresario Bartolomé Cursach. El político, sin embargo, mantiene que sus decisiones nada tienen que ver con los intereses de Cursach, sino que respondían al interés por perseguir la ilegalidad y, sobre todo, para dar respuesta a los vecinos de Son Caliu, que se oponían a la apertura de esta discoteca por las molestias que ocasionaba.

Por otra parte, otro juez también archivó una denuncia de la empresa contra el representante de los vecinos, por los mensajes que se escribieron en las pancartas que se sacaron a la calle para oponerse a la apertura de Pachá.