Los ayuntamientos de Balears tendrán la facultad de prohibir total o parcialmente el alquiler turísticodentro de su término municipal. Así lo contempla el proyecto de ley que regula esta modalidad vacacional, que ha sido aprobado esta mañana por el Consell de Govern y que fija multas de entre 20.000 y 40.000 euros para aquellos propietarios que comercialicen sin autorización su vivienda desde un punto de vista turístico.

Según ha expuesto el conseller de Turismo, Biel Barceló, serán los Consells insulares los encargados de delimitar las zonas aptas para la comercialización. Una vez delimitadas, los ayuntamientos hará un informe al respecto, que será vinculante si la propuesta que hacen es más restrictiva que la realizada por los organismos insulares. Hasta que no esté realizada esta zonificación, para la que se fija un periodo de ocho meses a partir de la aprobación de la ley, no se permitirán en Balears nuevos pisos turísticos.

El proyecto legislativo confirma, además, que para permitir la comercialización turística de pisos situados en un edificio plurifamiliar se requerirá el voto favorable de una mayoría simple de propietarios. Barceló informó de que, para mantener este punto, se ha tenido en cuenta un informe realizado por especialistas de la UIB en Derecho Civil.

Barceló expresó su confianza en que el Parlament haga un "trabajo rápido" de forma que la ley pueda estar definitivamente aprobada antes de este verano, si bien, recordó, aún estaría pendiente la zonificación que delimite las áreas aptas para la comercialización de pisos vacacionales. En cualquier caso, reconoció también que, mientras no se modifique, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) abre la puerta a que se sigan alquilando pisos por días o semanas.