El que fuera alcalde de Calvià, Carlos Delgado, y el director de ordenación del territorio, Jaime Martínez, presentaron en su día una denuncia en el juzgado de guardia de Palma, para informar de unas supuestas coacciones que habían sufrido como consecuencia de una decisión que perjudicó a la discoteca Pachá de Son Caliu. En concreto, la denuncia se dirigía hacia el asesor legal de los propietarios de la discoteca, cuya apertura provocó la movilización de los vecinos de Son Caliu, que se oponían a la apertura de este negocio. Desde entonces, los empresarios están enfrentados con Delgado, al que acusan de defender los intereses de Cursach, actuando con otros negocios que le restaban clientes. Delgado, sin embargo, afirma que el único interés en actuar contra este negocio era defender los intereses de los vecinos y cumplir la legalidad, afirmando que nunca ha favorecido a Cursach, sino todo lo contrario.
Delgado y Martínez detallaron al juez que el asesor de la empresa solicitó una reunión a solas con el alcalde, pero se optó para que en este encuentro también estuvieran Jaime Martínez y Joaquín Legaza. Se habló sobre la situación que se planteaba tras la decisión del Pleno de suspender las licencias en Calvià para establecimientos públicos en zonas calificadas como suelo comercial, así como la reunión que habían mantenido los vecinos y los representantes de Pachá. Según la denuncia, el representante quiso hablar a solas con Delgado y éste accedió. Una vez frente a él le anunció que si seguía con esta línea política iba a presentar una querella. Según Delgado, le contestó que el Ayuntamiento había actuado conforme a la legalidad.
Después de esta reunión el complejo Pachá abrió sus puertas. El Ayuntamiento, en base a informes técnicos, suspendió después la actividad de la última planta del complejo.
La denuncia afirma que días después de esta actuación el abogado, junto a uno de sus clientes, visitó el despacho de Jaime Martínez. Según el político, el interlocutor le pidió que le dijera al alcalde que se querellaría contra él y que, una vez conseguida su imputación, lograría apartarle de las listas del PP en las siguientes elecciones. Martínez le replicó, según indicó en la denuncia, que no era una decisión personal del alcalde, sino que respondía a criterios técnicos.
Ante la posibilidad de que se presentara dicha denuncia, que consideraban una coacción, Delgado y Martínez quisieron informar antes al juzgado, informando de las intenciones que buscaban los dueños de la discoteca.
Intento de vengarse
Carlos Delgado insistió ayer a este periódico que el caso de Pachá de Calvià nada tiene que ver con Cursach, y asegura que las declaraciones que le vinculan con el empresario responden una vez más a un intento de vengarse contra él por la decisión que adoptó.
