Un empresario del sector del ocio nocturno acusó ayer ante el juez a Bartolomé Cursach, quien lleva casi un mes en prisión, de ser uno de los responsables de la pérdida de una inversión económica de más de tres millones de euros. Este testigo, junto a dos socios, inauguró en el año 2010 la discoteca Pachá de Calvià, que se ubicó en un antiguo local nocturno situado en la zona de Son Caliu. El negocio se explotaba a través de la empresa Sol de Orquídea, que logró hacerse con la famosa marca de las cerezas, que hasta poco antes había explotado el grupo Cursach. Al perder la marca, la discoteca del empresario en el Paseo Marítimo tuvo que reabrirse con otro nombre.
El testigo, que ayer declaró ante el juez Penalva, detalló todas las dificultades administrativas que tuvo que superar para conseguir abrir la discoteca, hasta el extremo de que el Ayuntamiento de Calvià, en ese momento presidido por Carlos Delgado, firmó por la tarde un decreto municipal para ordenar la paralización de las obras.
Profesional del sector
Los empresarios contrataron como director a Ángel Ávila, un profesional del sector de la diversión nocturna, que se ha convertido en uno de los principales testigos de esta investigación. Fue Ávila quien, precisamente, ofreció a estos inversores la posibilidad de abrir una discoteca de lujo en Calvià, utilizando como reclamo la famosa marca.
El empresario detalló que la primera vez que habló con Delgado fue en una feria turística. Le habló del proyecto sobre el que estaban trabajando y, según él, el alcalde le dio la enhorabuena por tratarse de una discoteca de lujo. Los tres socios se gastaron más de tres millones de euros en el proyecto, que nunca han podido recuperar.
El testigo confirmó que durante el tiempo que funcionó la discoteca, la Policía Local de Calvià les sometió a una constante presión, supuestamente siguiendo las indicaciones que marcaba el empresario Cursach, ya que esta nueva discoteca en el municipio representaba una gran competencia para sus intereses personales, porque le restaba clientes.
No es el primer testigo que ha confirmado al juez que la Policía Local de Calvià montaba prácticamente a diario controles en las diferentes vías que daban acceso a esta discoteca. En estos controles se paraban, sobre todo, a vehículos que venían de Palma y que se dirigían a Pachá. Ante las dificultades que suponía poder llegar a esta discoteca, muchos clientes optaron por no trasladarse a Calvià para evitar tener que pararse en un control policial.
Ante la pérdida de casi toda la clientela que venía de Palma, la empresa ofreció a los clientes que se trasladaran a Calvià en taxi y que la discoteca pagaría el viaje. Sin embargo, esta solución tampoco funcionó porque las patrullas policiales también detenían a los taxis, según afirman los testigos, y en ocasiones les obligaban a regresar a Palma antes de dejar a sus clientes en la puerta de la discoteca de Son Caliu.
Entre los empleados, según han señalado los testigos, se comentaba que muchas veces había más policías locales en la puerta que clientes, situación que se interpretaba como un acoso para conseguir que el negocio fracasara y se viera obligado a cerrar, como así fue. El empresario culpó de este acoso policial al alcalde Delgado, quien en una ocasión llegó incluso a desplazarse a la discoteca para ver personalmente cómo se desarrollaban las obras, según han detallado otros testigos.
Piso alquilado
También se ha denunciado ante el juez que la empresa de Cursach alquiló una vivienda situada justo enfrente de la puerta de la discoteca Pachá. Muchos empleados vieron a una persona, que supuestamente trabajaba para el magnate de la noche, vigilando la puerta con unos prismáticos. Se sospecha que esta persona estaba pendiente de controlar si se cumplía con el aforo y era quien avisaba cada vez que detectaba una cola de clientes en la puerta para poder entrar en la discoteca. Cuando estas aglomeraciones se producían, casi siempre aparecía una patrulla de la Policía Local.
El Ayuntamiento, según confirmó el empresario, también ordenó el cierre del piso superior de la discoteca, alegando que no tenía permiso de restaurante. En esta zona del edificio, anteriormente, también se servían comidas, pero en más de diez años nunca recibió una inspección policial.
