La Audiencia de Palma ha convocado esta mañana a las ocho personas que están acusadas de haber creado la red ilegal de captación de votos a favor de Unió Mallorquina, que se subvencionó con fondos públicos. El tribunal quiere determinar si los acusados van a alcanzar un acuerdo definitivo con la fiscalía Anticorrupción, lo que evitaría la celebración del juicio. No todos los acusados se han mostrado dispuestos a alcanzar un acuerdo, entre otras cosas porque la fiscalía exige el ingreso en prisión de algunos de los acusados. Es el caso de Josep Lliteras, el que fuera alto cargo de Unió Mallorquina, que fue nombrado director insular de Relaciones Institucionales del Consell. Lliteras, para quien la fiscalía inicialmente solicita una condena de ocho años de prisión, no está dispuesto a aceptar un acuerdo con la fiscalía, que supondría su confesión del delito, si a cambio se le obliga a ingresar en prisión. Sin embargo, parece que la fiscalía no está dispuesta a ceder en esta condición, por lo que en estos momentos la posibilidad de que el juicio no se celebre por un acuerdo global con la acusación es poco probable.

La misma condición que se impone a Lliteras también se extiende a otros acusados que ocuparon cargos de responsabilidad en la administración del Consell, como es el caso de Coloma Munar, exjefa de programa del departamento de Relaciones Institucionales, o Eugenia Cañellas, antigua secretaria técnica de Vicepresidencia del Consell.

Captación ilegal

La fiscalía mantiene que estas tres personas "idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron" un plan para captar votos a favor de Unió Mallorquina. Para ello utilizaron dinero público, para pagar la labor de los colaboradores que ayudaron a esta captación de votos y de difusión del programa político de Unió Mallorquina. Esta captación ilegal facilitó que el partido obtuviera unos resultados muy importantes en el año 2007, que le permitió acceder a las instituciones.

Esta captación de votos se desarrolló a través de diferentes asociaciones o colectivos de inmigrantes, ofreciendo contrataciones públicas a algunos de sus responsables. También se financiaban con este dinero actos políticos organizados por UM.