Las tres empresas de asesores que fueron contratadas previamente a la declaración de concurso de Orizonia, el gigante turístico, tendrán que devolver el dinero de las minutas que cobraron, que alcanza los 2,3 millones de euros. El dinero se sumará a la masa de la quiebra.
Esta decisión del juez Víctor Fernández, del juzgado de lo mercantil de Palma, responde a la demanda que plantearon los administradores judiciales de Orizonia, el gigante turístico que entró en fase de concurso, dejando una deuda económica próxima a los 700 millones de euros, con la pérdida de unos cinco mil empleos.
La sentencia detalla que la demanda se presentó contra las firmas de asesores Babson Capital Europe, Freshfields Bruckhaus Deringer, Alix Partner e Intermediate Capital Managers.
Un grupo de inversores adquirió el grupo turístico en el año 2007 por un precio de 690 millones de euros, que se pagó a través de un préstamo. A partir de los cinco grupos que prestaron el dinero, se pasó a un total de 81 acreedores. En el año 2012, ante la grave crisis que afectaba a Orizonia, se buscó un sistema para renegociar el sistema de financiación y así evitar la caída del grupo. Para llevar a cabo las negociaciones, los grupos acreedores exigieron a Orizonia la contratación de una serie de asesores legales y financieros. La minuta, que superó los dos millones de euros, la tuvo que asumir el grupo turístico.
Objetivos de la reestructuración
El juez explica que el proceso de reestructuración tenía varios objetivos principales. El primero era reducir la carga financiera, por lo que se inició una negociación con el sindicato bancario para pactar una quita de la deuda y nuevos plazos de amortización. Para aprobar este plan era necesario la aceptación del 75% de los acreedores. El otro objetivo era la búsqueda de un inversor capaz de aportar el capital necesario que necesitaba el grupo y garantizar así su viabilidad. En el año 2012 la empresa tenía una necesidad inmediata de caja de 80 millones de euros.
Los interlocutores para negociar las ofertas recibidas, que fueron tres, fueron estos asesores externos, cuya minuta tuvo que asumir y pagar el grupo Orizonia.
Las empresas que se interesaron por adquirir el gigante turístico fueron Capital Group, Grupo Barceló y Globalia. Las tres sociedades presentaron las correspondientes ofertas, que en líneas generales consistían en inyectar dinero, aprobar una quita de la deuda y negociar un nuevo plan de amortización de los pagos. La primera oferta, que era la más elevada, fue rechazada por los acreedores. Orizonia rechazó la segunda oferta, mientras que la tercera no pudo aprobarse al no contar con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Ante estos problemas las sociedades que conformaban el grupo Orizonia no tuvieron más solución que presentar la solicitud de preconcurso, que al final supuso la liquidación de todas las empresas. Algunos de estos activos fueron adquiridos por otras empresas del sector turístico.
Los administradores nombrados por el juez presentaron una demanda contra estos asesores al entender que por estos pagos millonarios que recibieron no hubo una contraprestación por parte de estos abogados y economistas. Esta situación ocasionó un grave perjuicio a la sociedad quebrada, por cuanto tuvo que asumir estas minutas a través de su propia tesorería.
El magistrado explica en la sentencia que el Grupo Orizonia fue prácticamente obligad por sus acreedores a la contratación de estos asesores externos, cuando la empresa tenía los suyos propios. Y estos expertos, en realidad, lo que hicieron fue velar más por los intereses de los acreedores que del grupo empresarial que los había contratado, y que al final fue quien tuvo que pagar. "El origen de los fondos con los que se pagan esos servicios -asesoría- no determina que exista una contraprestación. Simplemente se negocia quien afronta los gastos, pero sin que ello quede vinculado a la realidad de los servicios recibidos".
El coste
El magistrado tiene muy claro que las empresas de Orizonia tuvieron que asumir el coste de los honorarios de los asesores porque era parte de la negociación con los acreedores, "pero no porque recibiera asesoramiento efectivo" por parte de estos expertos abogados y economistas. En este sentido, la sentencia señala que "no se recibe a favor de las concursadas (Orizonia) ningún derecho, interés, beneficio o fruto de la actuación de los asesores jurídicos o financieros".
Basándose en esta interpretación, el juez da la razón a los administradores judiciales, que han conseguido, si en un futuro se confirma la sentencia, aumentar los ingresos para afrontar las indemnizaciones que se deben pagar a los acreedores que resultaron perjudicados por la caída del gigante turístico.
