El grupo Orizonia, en pleno proceso de negociación para intentar salvar la actividad turística que desarrollaba, tuvo que asumir el coste de la contratación de estas cuatro empresas de asesores. Se trata de firmas internacionales, con personal experto en materia legal y financiera. Cada empresa presentó su correspondiente factura. La más barata fue de 402.000 euros. La más cara cobró más del doble por el trabajo de sus expertos. El juez cree que estos asesores no hicieron nada especial que justifique el pago de estas minutas. El juez concluye que estos asesores lo que hicieron fue defender los intereses de los acreedores, es decir, los bancos, frente a los de Orizonia, a pesar de que las financieras no asumieron ni uno solo de los pagos.

Con esta decisión del juez, entre las cuatro empresas contratadas se podrá recuperar un total de 2,3 millones de euros. Esta resolución con toda seguridad, será recurrida ante la Audiencia de Palma.