Cuando se cumplen tres semanas del ingreso en prisión de Bartolomé Cursach, el magnate del negocio nocturno, los investigadores han detectado los primeros movimientos para presionar a los testigos que han aportado información que implica al empresario en esta trama de corrupción. Movimientos que incluyen, incluso, la contratación de unos matones que en los últimos días se habrían dedicado a lanzar mensajes de amenazas a estos testigos, advirtiéndoles que fueran con cuidado con lo que contaban. Estos presuntos agresores son dos individuos de nacionalidad rumana, que nunca han trabajado en ninguna discoteca de Cursach, pero que habrían lanzado estos mensajes de amenazas para defender al empresario encarcelado.

Estos dos extranjeros han sido identificados por los testigos y la Policía les ha detenido acusados de amenazas. Ambos prestaron declaración ayer tarde ante el juez Penalva y el fiscal Subirán, que ordenaron que se adoptaran medidas para evitar que estos episodios de amenazas se repitan. El magistrado ordenó anoche prisión sin fianza para ellos.

Sacar información

Pero, además de estos individuos, se ha detenido a una tercera persona, que también habría, presuntamente, lanzado amenazas veladas contra un trabajador que ya ha declarado en este caso. Este arrestado es el antiguo jefe de sala de la discoteca Tito´s, que se encontraba en libertad provisional tras ser detenido hace una semana por organizar fiestas privadas en la discoteca, con presencia de droga y prostitutas, en las que se invitaba a policías locales de Palma. Este extrabajador, llamado Arturo, que ayer tarde declaró ante el juez y también fue enviado anoche a prisión, se habría puesto en contacto con alguno de sus compañeros, intentando sonsacarles información sobre las personas que han estado declarando ante Penalva y el fiscal, aportando datos sobre las actividades que se desarrollaban en esta discoteca del Paseo Marítimo. Este alto responsable de Tito´s, según los testigos que manejan los investigadores, era quien se habría encargando de proporcionar las prostitutas a los policías que acudían a las fiestas, que muchas veces se seguían después en su domicilio particular.

A pesar de todas las medidas que se han adoptado para proteger a los testigos, proporcionándoles la condición de protegidos, los investigadores temen que, dentro del entorno del empresario, la mayoría de ellos ya estén identificados. No se conoce, porque el caso sigue bajo secreto, la información exacta que han facilitado al juez y al fiscal, pero se sabe que estos datos han servido de base para justificar el ingreso en prisión del empresario.

No es una novedad que en la investigación sobre la trama corrupta que salpica a la Policía Local de Palma se producen episodios de amenazas. Sin embargo, sí es la primera vez que se detecta la supuesta contratación de matones para que intimiden a los testigos. Esta situación ha levantado todas las alarmas entre los investigadores, porque se teme que alguno de estos testigos se asuste y decida rectificar su declaración, lo que ayudaría a que se fueran diluyendo las pruebas que sustentan la acusación contra Cursach.

El Grupo de Blanqueo de Dinero de la Policía, que realiza esta investigación, está pendiente de cualquier movimiento extraño que se detecte alrededor de estos testigos protegidos. Pero se teme que, a medida que vayan pasando los días y Cursach continúe ingresado en la cárcel, estos episodios de violencia alrededor de estas personas se vayan repitiendo.

Lo que han podido comprobar los investigadores es la fidelidad que están mostrando muchos de los trabajadores de Cursach, que no solo han salido en defensa del empresario negando las acusaciones que le imputa el juez, sino que también están realizando movimientos sospechosos para intentar saber más detalles de las declaraciones que han realizado estos testigos. Ni el juez ni el fiscal están dispuestos a aceptar que estos testigos puedan sentirse desprotegidos, por lo que se adoptarán las medidas necesarias.

Por otra parte, el juez citó ayer a declarar a tres de los policías locales que, según los testigos, habrían sido invitados a estas fiestas del Paseo Marítimo. Ninguno de ellos quiso declarar, al estar el caso bajo secreto de sumario. De momento, hay más de media docena de funcionarios de San Fernando a los que se identifica en estas celebraciones.