Los dos únicos agentes que estaban en prisión por su implicación en la trama corrupta, ya están en libertad. Se trata de los dos funcionarios del cuartel de San Fernando, que están implicados en el caso de homofobia. Se le acusa, en concreto, de haber acosado a una compañera que, por su condición de lesbiana, no les gustaba que estuviera en la unidad motorizada, donde ellos estaban destinados. La agente les acusa de dedicarle todo tipo de comentarios homofóbico, además de perpetrar contra ella algunos episodios para menospreciarla.
Estos policías, defendidos por el abogado José Ramón Orta, se encontraban en prisión desde hacía más de medio año. El juez había desestimado varias veces la petición de libertad, no tanto por la gravedad del acoso a la denunciante, sino por los episodios de sabotaje que ha sufrido esta mujer policía, así como las amenazas que supuestamente recibió una de las testigos. De hecho, el juez Penalva mantenía que desde que estos dos policías estaban en prisión, estos episodios habían cesado. Como consecuencia de la denuncia, la policía lesbiana había sufrido daños en su domicilio y, además, un desconocido le robó, primero el casco, y después una moto que tenía estacionada en la calle.
Obligaciones para los policías
El tribunal de la Audiencia, sin embargo, entiende que las circunstancias actuales han cambiado con respecto al momento que se dictó la orden de prisión. La Sala entiende que el riesgo que pueda sufrir la denunciante es mucho menor por cuanto la mujer disfruta de protección policial. A pesar de ello, el tribunal adopta una serie de obligaciones que deben cumplir los dos policías. No se pueden acercar ni a su excompañera, ni a la testigo a menos de 500 metros de distancia. Tampoco pueden comunicarse con ellas a través de ningún medio. Además, se les prohíbe que se acerquen al cuartel de la Policía Local de Palma, dado que allí trabaja la agente lesbiana.
Se da la circunstancia de que la libertad se adopta cuando el caso estaba a punto de llegar a juicio. De hecho, la fiscalía ya ha presentado su escrito de acusación. Contra uno de los policías reclama diez años de prisión, mientras que contra el otro agente se solicitan seis años. Los dos policías locales abandonaron ayer tarde el centro penitenciario de Palma.
