Transparencia máxima para el alquiler turístico legal. Y, de paso, escarnio público para el ilegal: una vez que se apruebe esta primavera la reforma del arrendamiento turístico, el Govern elaborará y expondrá un mapa accesible por internet en el que reflejará solo los pisos y viviendas que se han registrado para alquilar legalmente a turistas. Con lo que los ciudadanos lo tendrán muy fácil para saber si el vecino del 4ºC o el dueño de la casa de al lado está cumpliendo o no con la normativa cuando alquila su vivienda a turistas.
La medida, explicada por fuentes de Turismo a Diario de Mallorca, sigue la línea trazada por el Gobierno central en materia fiscal: desde octubre del año 2012, cualquier contribuyente puede denunciar cobros en dinero negro por parte de algún proveedor, siempre que superen los 2.500 euros. Quien denuncia, además, queda exonerado de la sanción, que recae sobre el que actúa ilegalmente. El Govern no llega a este punto de incentivar el chivatazo, pero su mapa del alquiler legal dará facilidades a quien quiera perseguir y denunciar el arrendamiento ilegal, empezando por las comunidades de vecinos, cuyas denuncias están detrás de la mayoría de expedientes sancionadores por arrendamiento ilegal.
Ahora lo tendrán aún más fácil. Y está por ver si además las comunidades disponen de la potestad de decidir si en sus edificios se permite o no el arrendamiento vacacional. Esa opción se contemplaba en el borrador de la reforma que presentó el Govern en diciembre, cuando plantearon la exigencia de que las comunidades de propietarios tengan que incluir en los estatutos colectivos una autorización expresa del alquiler a turistas. Colectivos como la patronal del arrendamiento vacacional o el Colegio de Administradores de Fincas alegaron contra el derecho de los propietarios a decidir sobre lo que se permite o no en su comunidad. En los próximos días se sabrá si el Govern ha admitido esta alegación o mantiene su proyecto original.
El miedo como arma
Lo que sí está claro que seguirá como se anunció en diciembre es la cuantía de las sanciones, que se multiplican por cinco. Serán como mínimo de 20.000 euros para quien explote ilegalmente espacios residenciales como negocio turístico, aunque el castigo puede llegar a los 40.000 euros por infracción. Y el Govern tiene detectados a empresas y particulares que comercializan irregularmente decenas de viviendas. Sin ir más lejos, este diario ha localizado varios perfiles en distintas webs de arrendamiento vacacional en las que ofrecen cada uno más de 200 inmuebles, muchos al margen de la ley que hoy prohibe en Balears el alquiler turístico en edificios residenciales y plurifamiliares y algunos de ellos ubicados a escasos metros de la sede de la conselleria de Turismo, en la calle Montenegro de Palma.
Las nuevas sanciones y el mapa de la actividad legal que publicitará el Govern se lo pondrán más díficil en los próximos meses. O en eso confían en el Govern, donde son conscientes de que con solo quince inspectores el éxito de su lucha contra el alquiler ilegal depende más del efecto disuario de las multas y del miedo a ser detectado que de la propia capacidad sancionadora de sus funcionarios.
