Su escaso número contrasta con la magnitud de su carga de trabajo: son responsables de supervisar la actividad responsable directamente del 40% del Producto Interior Bruto balear. De ellos depende la supervisión de más de 20.000 viviendas que se están comercializando ilegalmente a turistas en Mallorca, más de 120.000 plazas en total, pero además se encargan de controlar la actividad de más de mil hoteles, casi 12.000 restaurantes, cerca de 3.500 negocios de bebidas, alrededor de 5.700 inmobiliarias con actividad turísticas y al menos 864 agencias de viajes. También son los encargados de dar seguimiento a las denuncias turísticas que hacen los 14 millones de viajeros que visitan al año la islas. Ahora, el Govern los libera de burocracia, aunque todo apunta a que seguirán superados.
