Captaban inversores publicitando sugerentes intereses y aprovechando sus buenos contactos entre los Testigos de Jehová. Primero, a través de una empresa, Rural New Life, dedicada en teoría a la compra de inmuebles, que ofrecía elevadas rentabilidades de hasta el 13%. Después, en vista de que la mayoría de clientes eran miembros de esta comunidad religiosa, ampliaron su red creando una mutua que vendía más réditos y ofrecía además una atención sanitaria acorde con sus creencias, que prohíben las transfusiones de sangre.

Así operaba la red que, con buenas influencias entre los feligreses de esta comunidad religiosa, fue la responsable de una estafa piramidal de casi 40 millones de euros a más de un millar de personas de toda España, entre ellas al menos medio centenar de ciudadanos de Balears, según confirma a este diario el abogado barcelonés que puso la querella inicial, Esteban Gómez Rovira.

Gómez Rovira señala que la mayoría de personas que se pusieron en contacto con él para adherirse a la causa fueron Testigos de Jehová, afectados que, en todo caso, han guardado silencio en estos años de litigios, tal y como subraya una representante de la plataforma de afectados a nivel estatal, Mari Ángeles Medina.

El caso ha saltado de nuevo este mes a la luz pública después de que Tribunal Supremo haya confirmado las penas de cárcel para cuatro responsables del entramado financiero, por un delito continuado de estafa. Unas penas que oscilan entre tres y tres años y medio de cárcel. Los condenados son un anciano (una especie de guía espiritual) de la comunidad religiosa, que ejerció de delegado para la zona de Cataluña; un fundador de Rural New Life y de la mutua Más Vida; otra fundadora y una directora jurídica de las dos compañías.

Señuelo

En su sentencia, la Audiencia Provincial de Barcelona desgranaba cómo funcionaba la red. En 1998, crearon Rural New Life, con sede en Sevilla. Su objetivo: captar inversores privados para comprar bienes inmuebles e invertir en bolsa. Como señuelo, empezaron a ofrecer altas rentabilidades bajo la forma de contratos de préstamo, que, en verdad, carecían de base material.

"En tales contratos no figuraba ninguna cláusula de garantía específica (...) de cuáles eran los bienes mobiliarios o inmuebles que aseguraban el capital y el pago periódico de los intereses", razonaron los jueces, que concluyeron: "Sólo con la entrada de nuevos capitales podían hacer frente a las obligaciones contraídas". Rural New Life tenía una docena de delegados por la geografía española, entre ellos en Balears, que se dedicaban a encontrar clientes. Los delegados eran, en su mayoría, testigos de Jehová y, en consonancia, también lo eran los inversores.

Sin transfusiones de sangre

En vista de esta circunstancia, los condenados decidieron reforzar la estructura piramidal introduciendo un nuevo gancho para este colectivo: la posibilidad de comprar participaciones en la mutua Más Vida, con sede en Barcelona. Una mutua que, además de reportarles intereses económicos, les ofrecería una atención sanitaria acorde con los preceptos de sus creencias, que rechazan las transfusiones de sangre en las operaciones.

El mecanismo de captación funcionó. En 2001, Rural New Life y la mutua sumaban 3.000 clientes, entre inversores y asegurados. Sin embargo, las bases del entramado eran frágiles. Como recordó la Audiencia, "los intereses de los contratos de inversión vencidos se liquidaban únicamente gracias a las aportaciones de los nuevos inversores". El sistema se desmoronó en 2002. La Generalitat intervino en la mutua y los auditores oficiales constataron que no se llevaba ningún tipo de contabilidad oficial y que el patrimonio inmobiliario sólo lo formaban dos solares, cuyo valor apenas llegaba al 10% de la deuda total. Ese mismo año, se declaraba la quiebra de Rural New Life. Sus activos eran de 150.000 euros.