"El ánimo en el sector está muy bajo", aseguraba ayer uno de los empresarios afectados por las sanciones impuestas a las empresas de autocares isleñas y a su patronal por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Tan bajo, que se advierte de que si estas multas adquieren carácter definitivo habrá transportistas que pueden verse condenados a desaparecer. Este temor es compartido por los sindicatos. El secretario general de CCOO-Transportes, Josep Ginard, subraya que "partiendo del principio de que el que la hace, la paga, estamos muy preocupados por el riesgo que las sanciones pueden suponer para muchos puestos de trabajo".

Tal y como se informó ayer, la CNMC ha impuesto sanciones por valor de casi 9,2 millones de euros a la patronal balear de transportistas y a 35 empresas (aunque una no pagará su multa al ser la que facilitó la información para detectar los comportamientos irregulares), bajo la acusación de que se formalizaron pactos secretos con el objetivo de repartirse el mercado isleño y obtener así el máximo beneficio posible.

El impacto que la decisión de Competencia puede tener sobre el sector (pese a que los afectados han anunciado ya que recurrirán ante la Audiencia Nacional) se refleja en el hecho de que dos grandes firmas, como son Ultramar Express y Transunión, acumulan multas por valor de más de 3,3 millones y 2,3 millones de euros respectivamente, es decir, por sí solas concentran más de la mitad del importe global. Incluso la Federación Empresarial Balear de Transportes puede verse en una situación financiera comprometida porque en su caso las sanciones impuestas suponen un valor de 40.000 euros, al considerar que colaboró en las prácticas irregulares.

Según la CNMC, durante 12 años un total de 34 empresas de autocares participaron en un cártel para repartirse el mercado del transporte escolar en las islas y poder obtener mejores precios del Govern balear, por lo que se les imponen multas por un valor global de 3,1 millones de euros. A una de estas firmas, Autocares Alca, se le retira su multa (22.468 euros) dado que se le aplica el Programa de Clemencia, al haber facilitado la información para demostrar las irregularidades cometidas.

Además, se sanciona con casi seis millones de euros a ocho empresas (siete de ellas participantes además en el cártel antes señalado), por considerar que alcanzaron acuerdos bilaterales para repartirse los trayectos, excursiones y traslados del transporte discrecional (como el que se realiza para llevar a los turistas desde el aeropuerto hasta los hoteles), con el fin de garantizarse el máximo beneficio al eliminar la competencia.

Finalmente, se impone una multa de 40.000 euros a la patronal balear, a la que se acusa tanto de participar en el citado cártel como por haber pactado con las agencias de viajes y recomendado las tarifas a aplicar en las excursiones.Viabilidad del sector

Representantes del sector reconocen que estas multas pueden poner en peligro la viabilidad de muchas empresas de autocares de las islas, y recuerdan que aunque se van a recurrir las sanciones (que no se esperaban tan elevadas), se van a ver obligadas a presentar los correspondientes avales.

Desde CCOO, Josep Ginard defiende que "el que la hace, la paga", pero admite la preocupación existente ante la posibilidad de que se pongan en peligro puestos de trabajo en un sector que, en los meses de mayor actividad, da empleo a más de 3.000 personas.

Por ello, el representante sindical señala que se va a pedir una reunión con la patronal para analizar el impacto que las multas de la CNMC pueden tener sobre las empresas afectadas.