La patronal de transportistas de Balears y 37 empresas de autocares se encuentran ante la peor de sus pesadillas. "El sector balear del transporte se puede crujir", se señalaba hace algunos meses desde una de las partes afectadas, y esa posibilidad está ahora sobre la mesa después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya dictado una resolución en la que multa con 9,1 millones de euros a la federación y al citado colectivo empresarial por considerar probado que se creó un cártel para repartirse las rutas de transporte escolar y para pactar precios en las excursiones y traslados de carácter discrecional (por ejemplo, los de turistas entre el aeropuerto y los hoteles). Los afectados han anunciado inmediatamente su desacuerdo ante esta decisión y la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional.

La resolución de la CNMC se dictó el pasado día 9 y es el resultado de una investigación que se ha prolongado durante casi tres años. La propuesta de sanción, firmada el pasado mes de septiembre y adelantada por Diario de Mallorca, ya permitía presagiar que el final no iba a ser feliz para el sector.

La definición de cártel es "todo acuerdo secreto entre dos o más competidores, cuyo objetivo sea la fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o las restricciones de las importaciones o las exportaciones". Según la CNMC eso es lo que se hizo durante años en las islas.

En concreto, se acusa a las empresas isleñas de haber falseado los concursos para adjudicar el transporte escolar, acordando las ofertas que cada una debía de hacer para garantizar que la elegida iba a ser la ganadora, bajo la coordinación de su patronal.

También se acusa a la federación de transportistas de haber negociado con las agencias de viajes los precios que había que fijar para las excursiones

Finalmente, se considera que hubo pactos entre empresas para repartirse las zonas en las que desarrollar el transporte discrecional, lo que daba pie a "exclusivas" en este mercado.

Estas acusaciones alcanzan a la patronal del sector y a 37 empresas, incluidas algunas de las más grandes del sector, como Transunión o Ultramar.

Anuncio de recurso

Desde la Federación Empresarial Balear de Transportes se comunicó ayer su total desacuerdo con esta resolución y la sanción de 9,1 millones de euros, anunciando la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional. Además, se aseguró que ese rechazo a la decisión de la CNMC es compartido por la mayoría de los transportistas.

Según esta patronal, Competencia no ha demostrado ni la existencia de un cártel empresarial ni la cooperación de esta patronal, y consideró que la sanción solo se explica por el desconocimiento de las particularidades del transporte en un territorio insular como el balear, que hace que las empresas solo obtengan rentabilidad en su área, de ahí que se limiten a hacer ofertas para el transporte escolar que circula por ellas.

Desde esta federación empresarial se añadió, en relación a la acusación de pactos en las tarifas con las agencias de viajes, que se trata de un acuerdo que data de 1977 para que estas últimas tuvieran una orientación sobre las cantidades que debían cobrara sus clientes por las excursiones, pero que ello no supuso que las empresas aplicaran realmente esos precios.

Finalmente, se rechazó que haya existido un reparto del transporte discrecional entre empresas, sino solo una colaboración cuando las puntas de trabajo de una de ellas superaba la capacidad de su flota.