En la Mallorca al revés que Cursach supo imponer, los ladrones perseguían a los policías honrados. Los directores de discotecas del empresario cuentan que llamaban "policías buenos" a los que habían sido comprados y reconvertidos en secuaces. No había nada que temer de sus inspecciones de mentirijillas, anunciadas con clarines, fecha y hora. En cambio, la "organización criminal" descrita por el juez llamaba "policías malos" a los que no habían tenido un precio.

Los directivos habían de precaverse contra las visitas de los "policías malos". Es decir, de los dispuestos a cumplir la ley. Tampoco es que importara demasiado, porque las denuncias jamás se tramitarían, así en Palma como en Calvià. En vez de anunciar querellas huecas y de alardear de paladín de la ley y el orden, Carlos Delgado tiene que explicar la escasa diligencia del ayuntamiento que presidió durante años. La denuncia al respecto no proviene de dudosos empresarios nocturnos ni de policías locales bajo presión, sino de funcionarias con acreditada formación y que describen la pasividad municipal con un exasperante lujo de detalles.

El éxito de la defensa del caso Infanta reside en la nomenclatura mendaz. Es decir, en haberlo denominado caso Urdangarin, el famoso sacrificio de reina para que pague el alfil. De igual manera, la falacia del caso Cursach consiste en vincularlo exclusivamente a las policías locales de Cort y Calvià. De ahí la importancia de que el auto reitere sin pausa que "el Grupo Cursach tenía seguridad con policías locales, nacionales y guardias civiles".

El auténtico escándalo Cursach reside en el sometimiento unánime de la autoridad policial y política a los dictados del magnate, en sus variados escalafones. El contraste entre las cuantías de las sanciones impuestas, antes y después del inicio de la instrucción penal, resulta más esclarecedor al respecto que las declaraciones de decenas de discotequeros agraviados. O de las manifestaciones de numerosos policías locales avergonzados, obligados a anunciar a sus mandos corruptos las inspecciones que carecían de sentido sin el factor sorpresa.

Las otras policías de Cursach, con mención específica en el auto a dos agentes del Cuerpo Nacional, interpelan a la delegada del Gobierno. María Salom deberá apartarse por unas horas de su obsesiva dedicación a abortar una teleserie sobre las andanzas del obispo con la cuñada de la gobernadora, si no quiere alentar otro serial televisivo sobre los hombres armados a su cargo.

Sin políticos no habría escándalo. Álvaro Gijón, el primer diputado que se expresa a través de un abogado, se escuda en que no conoce a Cursach. Este hecho no demuestra la inocencia de Gijón, sino el poder de Cursach, que no necesita descender a vulgares concejales para ejecutar sus designios. La pregunta es si Gijón obedecía las instrucciones que según el auto emanabn de Cursach.

Son más peligrosos los políticos seráficos, tal que José Hila al señalar que el escándalo demuestra que "no hay nadie al margen de la ley". Al contrario, confirma precisamente que hay demasiada gente al margen de la ley, y que encima empuñan armas pagadas por el ayuntamiento que todavía preside Hila.