Tres agentes de la Policía Local de Palma, que están acusados de defender los intereses empresariales de Bartolomé Cursach, negaron ayer su vinculación con esta empresa. Los tres funcionarios están implicados en la llamada trama corrupta de la Policía Local. Todos ellos fueron en su momento detenidos y algunos incluso llegaron a ingresar en prisión, aunque en estos momentos se encuentran en libertad bajo fianza.

El juez Penalva y el fiscal Subirán sospechan que el Grupo Cursach tenía bajo sus órdenes a una serie de policías locales con un doble objetivo. Por una parte, les ayudaban a defender sus intereses, sobre todo recibiendo preavisos de las inspecciones que se iban a realizar en sus negocios y, por otra, los utilizaban para perjudicar a otros empresarios del sector nocturno.

A lo largo de esta investigación se ha demostrado que el empresario, que en estos momentos está en prisión, solía contratar a policías para que se encargaran de la seguridad de sus discotecas, tanto en Palma como en s'Arenal. También contrataba a estos funcionarios para otros proyectos, como por ejemplo cambiar la tapicería de las discotecas. A cambio de estas contrataciones, el empresario recibía una generosa recompensa, que se traducía en que apenas se realizaban inspecciones en sus locales y, al mismo tiempo, se lograba que prácticamente no se pagaran sanciones por irregularidades en sus negocios.

El primer policía que declaró, en la causa que se encuentra bajo secreto, es el oficial Tomás M. Este funcionario está acusado de, no solo consumir gratis en los locales, sino también de cobrar "mordidas" de determinados empresarios nocturnos a cambio de que no se realizaran inspecciones en sus locales. Además, a este policía se le considera muy próximo a José María Rodríguez, del PP, y solía presumir en el cuartel que gracias a sus amistades políticas lograría obtener una plaza de comisario. El agente, que está apartado del trabajo, rechazó ayer cualquier implicación en la trama de favores a Cursach. Negó que ayudara a la desaparición de sanciones económicas al empresario y negó también, como así lo han dicho varios testigos, que pidiera a algunos compañeros que retiraran las multas que habían tramitado contra el grupo empresarial. El policía aseguró que no era cierto que lo invitaran a consumir en estos locales y aseguró que no había hablado nunca, ni se había sentado en ninguna mesa, con el empresario Cursach. También negó cualquier tipo de relación especial con los otros ejecutivos de la empresas.

Otro de los policías que fue interrogado por el juez, según han señalado varios testigos, trabajó durante años como portero de una de las discotecas de la Platja de Palma del Grupo Cursach. El policía, según apuntaba el juez Penalva en una de sus resoluciones, se encargó después de organizar el servicio de seguridad de algunos locales. También quitaba las sanciones económicas y avisaba con antelación cada vez que se enteraba que estaba previsto realizar una redada o inspección en alguna discoteca. El policía, Rafael A.H., según figura en la documentación del sumario, era también uno de los funcionarios más activos a la hora de presentar denuncias contra otra discoteca del Paseo Marítimo que, casualmente, es competencia del magnate del ocio nocturno.

De hecho, a este policía únicamente le constan denuncias sobre esta discoteca, no así contra otros de los muchos locales que están abiertos en esta zona de diversión de Palma.

Otro de los policías citados ayer por el juez y por el fiscal, llamado Carlos T., que en su momento ya fue detenido por su relación con la trama corrupta, está acusado de recibir dinero de determinados empresarios, entre los que estaría la empresa Cursach.

El agente negó ayer cualquier trato de favor hacia esta empresa y rechazó que hubiera recibido sobres ni hubiera aceptado invitaciones gratuitas.

Durante la próxima semana el juez Penalva continuará con la toma de declaración de los policías locales de Palma que figuran citados en el auto por el que se justifica el ingreso en prisión de Cursach. El magistrado, basándose en la investigación que está dirigiendo, ha llegado a la conclusión de que este empresario tenía un control absoluto sobre la Policía Local de Palma, que le permitía disfrutar de un trato de favor al no sufrir apenas sanciones y, al mismo tiempo, utilizaba a los funcionarios policiales para perjudicar a otras empresas de la competencia, hasta el extremo de que algunas de ellas tuvieron que cerrar sus locales como consecuencia del acoso policial.

Son muchos los testigos, antiguos trabajadores del Grupo Cursach, que han descrito la especial amabilidad con la que actuaban determinados policías cuando hacían una inspección en algún local de Cursach.